Los conflictos con el Gobierno autónomo paralizan el Consejo de la Transparencia

La atención y tramitación de las reclamaciones que presentaban los ciudadanos, que constituía una de sus principales tareas, ha dejado de realizarla este año, lo que supone que las 158 reclamaciones registradas a lo largo de 2022 están sin resolver.

Tampoco se han producido resoluciones del Consejo en lo que va de año. De hecho, según la información que ofrece este órgano en su web oficial, el Pleno no se ha reunido ni una sola vez en los últimos once meses. La última reunión tuvo lugar el 23 de noviembre del pasado año.

En esta última sesión, el Consejo de la Transparencia aprobó una resolución en la que instaba a la Consejería de Salud a publicar, en el plazo de quince días, los nombres de todos los altos cargos de la Comunidad que fueron vacunados indebidamente contra la Covid-19, saltándose el protocolo. El Gobierno regional siempre se negó a publicar esta lista, y sigue sin hacerlo.

Desde su creación, el Consejo ha recibido un total de 831 reclamaciones, en su mayoría de ciudadanos a los que se les ha negado alguna información de la administración pública. De ellas, 458 han sido estimadas totalmente, 5 parcialmente y 111 desestimadas o inadmitidas, otras 99 se resolvieron por otras vías previstas en la ley de Procedimiento Administrativo. Las únicas que se han quedado sin respuesta son las 158 registradas este año.

El Consejo de la Transparencia culpa de ello «al bloqueo por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para impedir el normal funcionamiento de la institución como órgano independiente y de control».

Precisamente, en los ocho años de existencia del órgano, el ejercicio en el que ha dejado de tramitar las reclamaciones es en el que mayor número se han presentado seguido de 2021, en que se recibieron 148 reclamaciones, y 2017, con 121.

En estos ocho años, el Consejo ha presentado además siete recursos contenciosos administrativos y tramitado una treintena de denuncias sobre supuestos incumplimientos de la legislación en materia de acceso a la información.

Los dos principales conflictos que mantiene el órgano con la Comunidad son por la negativa de esta a permitir que disponga de un registro propio para la recepción de documentos, y por la disparidad de criterio para la cobertura de los puestos de trabajo del Consejo, asunto que deberán aclarar los tribunales. Como consecuencia de ello, cinco de los ocho puestos de la plantilla están vacantes.

El Consejo de la Transparencia, además, se encuentra sin presidente desde junio pasado, cuando quien ocupaba este puesto desde hacía unos dos años, el magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Julián Pérez-Templado, presentara su dimisión irrevocable por razones personales.

Pérez-Templado propuso para sustituirle al profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Santiago Álvarez Carreño, miembro del Pleno a quien, según el orden de prelación establecido por el Consejo, le correspondería suplir temporalmente al presidente hasta el nombramiento del nuevo por la Asamblea Regional. Pero ni el Gobierno autónomo ni la Cámara han reconocido a Álvarez Carreño como presidente en funciones ni tampoco han activado el procedimiento para cubrir el cargo, lo que mantiene al Consejo de la Transparencia, además de paralizado, descabezado.