El consejero de Hacienda: «Hay propuestas que estudiar para llegar a un acuerdo sobre las 35 horas»

Hasta ahora las negociaciones las han protagonizado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, y los sindicatos CC OO y UGT, pero este viernes se cubrió una nueva fase al sumarse al grupo de interlocutores la Federación de Sindicatos de Sanidad y Educación (FSES), formada por Satse y Anpe, y la organización del CSIF. La primera organización se mostró optimista tras la reunión con el consejero y con la directora general de la Función Pública, Carmen María Zamora, hasta el punto de que aseguraron haber conseguido el «compromiso firme del Gobierno regional, a través del consejero de Hacienda, de la implantación de las 35 horas».

Sin embargo, el Gobierno regional rebajó el triunfalismo de la nota de prensa de FSES al precisar que «mantiene abierto el proceso de negociación con las diferentes organizaciones sindicales sobre la jornada semanal de 35 horas en la administración pública», pero recalcó que no se ha alcanzado ningún acuerdo.

La Consejería de Economía y Hacienda explicó que «se han planteado diversas propuestas cuya conveniencia y viabilidad se está estudiando». «Ahora mismo -agregó el consejero Luis Alberto Marín- hay un proceso de negociación abierto, y como en cualquier proceso de negociación, de la naturaleza que sea, hay propuestas que se tienen que estudiar y analizar con el fin de alcanzar un acuerdo».

El principal desencuentro entre ambas partes está, según fuentes sindicales, en el plazo de implantación de las 35 horas. El consejero ha propuesto realizarlo en varios ejercicios, pero los representantes de los funcionarios insisten en que debe ser en el menor tiempo posible.

En concreto, CSIF informó que la última propuesta de la Consejería estriba en implantar las 35 horas de forma progresiva en dos años (36,5 horas en 2023 y 35 en 2024), pero a distinta velocidad según sea el ámbito educativo, sanitario o de administración y servicios, algo a lo que se opone esta organización por considerar que discriminaría a unos funcionarios y favorecería a otros.

«La máxima prioridad en este proceso de negociación es mejorar el servicio público que se presta en la administración al millón y medio de habitantes de la Región, así como seguir evolucionando en la transformación de la función pública regional para seguir ganando en eficacia y eficiencia», añadió la Consejería, que reiteró que «hasta el momento no se ha cerrado ningún tipo de acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales con las que se han mantenido contacto».