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El Gobierno regional continúa sin presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 y funciona todavía con las cuentas de 2024 prorrogadas. Pero, este viernes, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, compareció en la Asamblea Regional para hablar de la financiación singular de Cataluña acordada por PSC y ERC el pasado verano dentro del pacto para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
El consejero vaticinó que, si finalmente se aprueba este 'cupo catalán', el Gobierno de España solo tendrá dos opciones: o subir un 29,5% el tramo estatal del IRPF para todos los españoles o reducir en un 10,7% la financiación al resto de comunidades autónomas, entre ellas la Región, ya de por sí infrafinanciada.
Marín justificó que, con la financiación singular, se reduciría «drásticamente» la aportación de Cataluña a la caja común del Estado, que actualmente asciende a 2.088 millones de euros. «Si se elimina esta contribución, la financiación del resto de comunidades autónomas caería drásticamente, con un impacto de 87 millones de euros menos para la Región de Murcia», señaló.
«Pero lo más alarmante sería la pérdida de los ingresos tributarios que el Estado recauda en Cataluña», advirtió el consejero, con la que, según precisó, la Comunidad perdería 539 millones de euros. «Este modelo no es un acuerdo de financiación justo. Es, en definitiva, una más de las cesiones. La mayor cesión al separatismo en décadas y un paso más hacia la descomposición del sistema autonómico tal y como lo conocemos», concluyó.
Por otra parte, el consejero denunció que, «por incompetencia o por estrategia política de castigo a las regiones», el Gobierno de España «no ha realizado los trámites necesarios para ofrecer la liquidez a la que tienen derecho las comunidades, tanto por la ausencia de actualización de las entregas a cuenta como en la aprobación del programa del XFLA».
«Esto supone que ya, en los tres primeros meses del año, la Región de Murcia haya dejado de recibir 139,8 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, que serán 655 millones cuando termine el año, y que en mayo no se reciban alrededor de 535 millones por el XFLA. Si esto sigue así, el Gobierno de Pedro Sánchez nos retendrá a final de año 1.190,4 millones de euros», denunció el titular de Hacienda.
En ese sentido, el consejero criticó que el PSRM haya sido la federación socialista que más ha defendido la financiación singular de Cataluña, mientras que otros barones socialistas como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, sí han elevado la voz.
Por su parte, la viceportavoz del PSRM, Carmina Fernández, destacó que el acuerdo en Cataluña se firmó en agosto «y no ha llegado el Apocalipsis». «El PP quiere fomentar la confrontación entre comunidades autónomas y no soporta que la mejora de la convivencia en Cataluña sea posible gracias a dos presidentes socialistas como Pedro Sánchez y Salvador Illa», señaló.
Fernández desmintió que el acuerdo entre PSC y ERC implique apartar a Cataluña de la solidaridad estatal y admitió que es «necesario y urgente» la reforma del modelo de financiación, «tal y como pidió nuestro nuevo secretario general, Francisco Lucas, al presidente Pedro Sánchez».
El portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien consideró que el problema de la Región no es Cataluña, sino la gestión del PP, pues «harían falta 10 'cataluñas' para perjudicar a la Comunidad tanto como el PP».
María Marín, portavoz de Podemos, criticó que el Gobierno regional rechace la quita de deuda del Ministerio de Hacienda «y venga ahora aquí con una soflama anticatalana», mientras Víctor Martínez-Carrasco, del PP, señaló que «dejar de deber como murciano para deber como español no es condonar nada».
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, señaló en la Asamblea que «el 112 no dejó de funcionar» durante el episodio de lluvias de la pasada semana, cuando se vio afectado «por una incidencia informática» que duró 30 minutos, tiempo en el que «no se dejó de atender ni una sola de las llamadas que se produjeron». Ortuño respondía así a una pregunta del diputado de Vox Ignacio Arcas, a quien acusó de «crear alarmas injustificadas», pidiendo a la oposición «que, en la próxima alerta amarilla o naranja que tengamos, arrimen el hombro en vez de mentir».
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