La Consejería defiende la devolución de la paga extra de 2014 a los funcionarios

El Gobierno regional no se da por vencido e insiste en devolver a los funcionarios de la Comunidad Autónoma la paga extra de julio de 2014, retenida como consecuencia de los recortes aplicados durante la pasada recesión económica. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, tiene la intención de incluir en los Presupuestos de la Comunidad de 2020 la partida de unos 20 millones para abonar el 50% de esta paga, tal y como pactó con los sindicatos de empleados públicos, pero no garantiza que pueda abonarla, a causa del recurso de inconstitucionalidad contra esta medida presentado por el Gobierno central.

«Ahora la medida está suspendida por el Constitucional -que ya ha admitido a trámite el recurso del Estado-, pero eso no quiere decir que a lo largo del año que viene la situación no cambie y puedan levantar la suspensión e incluso que el Constitucional lo resuelva rápido y nos dé la razón», comenta con optimismo el consejero.

El recurso de inconstitucionalidad iba también contra la devolución de la extra de diciembre de 2013, pero esa se terminó de pagar en la nómina del pasado mes de febrero, por lo que la decisión que adopte el alto tribunal no tendrá efectos prácticos en las retribuciones de los funcionarios.

La ley de Presupuestos de 2019 de la Comunidad incluía, además, el compromiso para pagar la extra de 2014 entre los años 2020 y 2021, concretamente el 50% en marzo del próximo ejercicio y la otra mitad en octubre del siguiente. Este es el punto al que afecta directamente el recurso de inconstitucionalidad.

Celdrán insiste en que «incorporaremos a los presupuestos, por responsabilidad, la partida necesaria para pagar la primera parte, porque si no lo hacemos no la podríamos abonar si levantan la suspensión, aunque sea poco probable».

El Ministerio de Hacienda sostiene que las comunidades autónomas que incumplen los objetivos de déficit, como es la de la Región de Murcia, que lidera habitualmente este 'ranking', no pueden devolver las cuantías adeudadas a los funcionarios, ni restablecer derechos económicos suprimidos.

La Consejería de Hacienda, en cambio, sostiene que sí puede devolver la paga extra porque nunca se llegó a suprimir. «No estamos de acuerdo con el planteamiento del Ministerio, primero porque en el 2018 ya se pagó una parte de la extra de 2013 y no nos dijeron nada, y por otra parte entendemos que no incumplimos la ley puesto que no estamos recuperando un derecho que se suprimiera en 2013 y 2014, sino que abonamos un derecho que los empleados siguen teniendo porque nunca se llegó a eliminar, como hicieron otras comunidades. El abono de esas pagas extras, en la Región, solo se dejaron en suspenso en su día para pagarlas después, cuando la Comunidad pudiera», argumenta el consejero.

Celdrán se queja, además, del comportamiento del Ministerio en la comisión bilateral en la que el Estado y la Comunidad dirimieron esta controversia. «Nos dijeron que iban a estudiar nuestros argumentos, y no volvimos a saber nada hasta que recibimos la notificación de que habían interpuesto el recurso de inconstitucionalidad. Estamos muy molestos», comenta.

En dicha comisión bilateral sí llegaron a acuerdos sobre otras tres cuestiones de la ley de Presupuestos de este año en las que el Ministerio también planteó sus discrepancias. Uno de ellos se refiere a los gastos presupuestados para acción social, que no podrán experimentar ninguna subida con respecto a 2018. Celdrán asegura que este asunto solo afecta al personal laboral, que es una minoría en la Administración regional, por lo que el impacto será muy limitado.

Con respecto al abono de la carrera profesional presupuestado en 2019, el Ministerio sostiene, y así lo aceptó la Consejería, que las cantidades previstas no podían estar dentro de la masa salarial del capítulo 1 de las cuentas de la Comunidad, sino que debían pagarse con cargo a unos fondos adicionales. «Los sindicatos no querían que fuera así porque preferían destinar el dinero de esos fondos a otros fines, y eso es lo que estamos viendo ahora con ellos, con los que tenemos esta semana una reunión», explica Celdrán.

El último de los puntos sobre los que se llegó a un acuerdo en la comisión bilateral fue en la supresión de una disposición adicional de la ley presupuestaria que establecía que los contratos públicos podrían abonarse, además de con dinero, con otro tipo de contraprestaciones.