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LA VERDAD
Lunes, 13 de enero 2025, 14:31
La Sala Civil y Penal confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenó a 11 años y medio de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 13 años con la que convivía, al haber sido acogido por la madre de aquella.
Los tres compartían una habitación alquilada y, según los hechos probados, el acusado se encargaba habitualmente del cuidado de la niña. Aprovechando las ocasiones en que se quedaban a solas para realizarle tocamientos en su vagina por debajo de la ropa. «Tales episodios se sucedían con mucha frecuencia, llegando, en dos ocasiones al menos, a penetrarla vaginalmente». Situación que, según el relato de la resolución, se mantuvo hasta que la pequeña, con once o doce años, le contó a su madre que el acusado era «malo» y que no quería seguir viviendo con él.
El recurrente alegaba la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, por entender que las convicciones alcanzadas por el tribunal de instancia proceden exclusivamente del testimonio de la menor denunciante, sin que el resto de material probatorio permita llegar al grado de certeza necesario para la condena.
Los magistrados recuerdan que, como viene señalando una reiteradísima jurisprudencia (por todas, STS 69/2020, de 24 de febrero), «una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia [...]. La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva». «Cosa distinta -explican- es el alcance acreditativo que, en cada caso concreto, quepa otorgar».
Y en este sentido, el Tribunal subraya que la sentencia de la Audiencia «desgrana exhaustiva y minuciosamente en su fundamento jurídico primero los indicadores de fiabilidad que aprecia en la declaración de dicha menor». Enumera el tribunal los aspectos que contribuyen a otorgar credibilidad a su relato, señala el carácter persistente de la imputación que la misma sostiene.
e identifica, además, toda una serie de elementos externos de corroboración periférica: la confirmación de aspectos sustanciales por parte de la madre, la sintomatología postraumática apreciada en los informes de las psicólogas forenses, así como capturas de pantalla aportadas sobre los mensajes intercambiados por aquella con personas de su entorno.
Además de la pena de prisión, se impone la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por un plazo superior en ocho años a la pena de prisión impuesta (total de diecinueve años y seis meses) y la medida de libertad vigilada por el tiempo de ocho años, a ejecutar una vez cumplida la prisión. Igualmente deberá indemnizar a la perjudicada con 30.000 euros. La resolución no es firme, frente a esta resolución cabe recurso de casación.
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