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Trece vecinos de Fortuna fueron condenados ayer a penas mínimas de prisión, de entre tres y seis meses, por uno de los mayores altercados ciudadanos que se han registrado en la Región en las últimas décadas. Tuvo lugar el 27 de julio de 2017, cuando cientos de habitantes de esta localidad arremetieron con gran violencia contra las viviendas de un clan de etnia gitana, al que acusaban de estar detrás del aumento de los robos y de la inseguridad en el municipio.
Hasta tal extremo llegó la crispación que solo la intervención de la Guardia Civil evitó lo que podría haber derivado en un auténtico linchamiento. De hecho, según se relata en el escrito de acusación del fiscal, que ayer fue íntegramente asumido por los encausados, uno de ellos, megáfono en mano, llegó a dirigirse a los allí congregados al grito de «solo son ocho, vamos primero a por ellos y después entramos y matamos a los demás». Se trata de R. L. L., considerado el gran instigador de la protesta –la cual no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno– y de los desórdenes acaecidos durante su desarrollo.
Finalmente, no se registraron daños personales, salvo un lesionado de carácter leve, aunque los agentes desplegados se vieron en la obligación de solicitar refuerzos tras verse desbordados por los manifestantes. De hecho, se produjeron varios incidentes que pusieron en jaque el dispositivo policial. De este modo, algunos de los trece condenados lanzaron piedras contra las casas y las furgonetas que allí se encontraban, provocando daños en dos vehículos: en uno de ellos, por valor de 1.800 euros; en el otro, aún por determinar pericialmente. Además, ocho de los participantes agredieron a J. T. M., provocándole lesiones consistentes en hinchazón en los ojos. Por su parte, los agentes de Guardia Civil allí desplegados vieron cómo J. C. H. se encaraba con ellos y, además, participaba en la agresión a M. F. F. No obstante, no consta que este último sufriera lesión alguna por este motivo.
Por todos estos hechos, a los trece acusados se les considera coautores de un delito de desórdenes públicos; a once de ellos, de un delito continuado de daños; a nueve, de un delito leve de lesiones, y a R. L. L. y M. M. L., de un delito de incitación a realizar desórdenes públicos.
En el juicio por estos hechos, celebrado ayer, los trece procesados asumieron la totalidad de los hechos imputados. Esto les permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente llegó a solicitar cuatro años de prisión para R. L. L., tres para M. M. L. y dos para el resto de participantes.
Finalmente, las penas, en función del número de delitos cometido, oscilaron entre los tres y los seis meses de cárcel. Los condenados evitarán de esta manera acabar entre rejas, debido a la ausencia de antecedentes o a la posterioridad de los mismos respecto a los hechos juzgados.
Además, se condenó al pago de una cuota diaria de dos euros durante tres meses a quienes participaron del delito de daños, y a una sanción de idéntico importe, pero durante un periodo de quince días, a quienes incurrieron en el delito leve de lesiones.
Por último, los once involucrados en el daño ocasionado a los dos vehículos indemnizarán conjunta y solidariamente a sus legítimos propietarios.
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