Salud tendrá que indemnizar a la familia de un hombre que murió en Mazarrón tras casi dos horas esperando una ambulancia

El Servicio Murciano de Salud tendrá que indemnizar con 78.000 euros a los hijos de un hombre que falleció en septiembre de 2020, a los 52 años, después de esperar durante casi dos horas la asistencia de una ambulancia en Mazarrón. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región en una sentencia que estima la reclamación de la familia, representada por el abogado Ignacio Martínez, de la Asociación Defensor del Paciente.

La propia Inspección de los Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud reconoció que los 110 minutos que pasaron entre el aviso de la familia al 112 y la llegada de una ambulancia «supera en demasía los estándares de calidad». Los familiares llamaron en reiteradas ocasiones al Centro de Coordinación de Emergencias y al centro de salud de Mazarrón pidiendo un auxilio que llegó demasiado tarde. El informe de la Inspección habla de cinco llamadas, aunque la Asociación Defensor del Paciente señala que fueron hasta ocho las llamadas realizadas.

El fallecido tenía 52 años y presentaba una elevada complejidad. Padecía obesidad, diabetes, EPOC e hipertensión, entre otras patologías. A las 12.31 horas del 21 de septiembre de 2020, los familiares llamaron al 112 al observar que el hombre se encontraba mal, no respondía a las interacciones y no hablaba. El aviso fue clasificado en principio como urgencia demorable (A2), y se asignó una ambulancia no asistencial (ANA). No consta que llegase nunca al domicilio.

La propia Inspección admite que aunque la tipificación del aviso puede entenderse como ajusta al protocolo, «no tuvo en cuenta en un inicio el modulador de dificultad respiratoria», como tampoco «la situación de cronicidad y pluripatología con posibilidad de agravamiento». En este sentido, el hecho de que finalmente se activase una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) supone el reconocimiento «implicíto» de que se trababa de una emergencia no demorable que requería atención inmediata.

La Asociación Defensor del Paciente señala que la familia volvió a llamar a las 13.24 horas, advirtiendo de dicha dificultad respiratoria y denunciando la demora. Pero la ayuda siguió sin llegar. A las 13.56 se produce «una nueva llamada refiriendo que el paciente estaba cada vez está peor y apenas respiraba», relata la asociación. «La ambulancia seguía sin llegar, y ante la situación desesperada los familiares llamaron las 14:01 al centro de calud de Mazarrón -muy próximo- alertando de la emergencia médica, explicando que el paciente estaba con pulso y respiración muy débiles, casi inexistentes, y solicitando una asistencia inmediata», continúa el Defensor del Paciente. «Le informaron de que no cabía otra alternativa que esperar la llegada de una ambulancia».

A las 14.02 se efectuó otra llamada al 112 «alertando de que el paciente estaba con ausencia de pulso y falta de respuesta a estímulos. El médico les comentó que la ambulancia iba de camino». A las 14.07, »ya en situación crítica del paciente, se efectuó una nueva llamada al centro de salud de Mazarrón implorando una asistencia sanitaria y/o ambulancia, pero la respuesta fue la misma: debían esperar la llegada de la ambulancia que provenía de Cartagena. A las 14.08 y a las 14.14 hubo dos llamadas más al 112 explicando la ausencia de pulso y de respuesta a estímulos: se le comunicó que la ambulancia estaba llegando».

A las 14.17, «casi dos horas después», llegó la ambulancia, pero el paciente estaba ya en parada cardiorrespiratoria. «Se trasladó al paciente al Hospital Santa Lucía en Cartagena, donde a pesar de llegar vivo no se pudo evitar su muerte», lamenta la Asociación Defensor del Paciente. En concreto, la Inspección admite que pasaron una hora y 50 minutos entre el aviso al Centro Coordinador de Emergencias y la asistencia por parte de una ambulancia.

Durante el traslado al hospital también se produjeron diversos incidentes, aunque la Inspección considera que no influyeron en el desenlace fatal, porque el paciente ya estaba siendo asistido por los sanitarios del 061. Hubo que activar a los bomberos para poder sacar al paciente de la vivienda, porque la puerta era de «dimensiones insuficientes para el paso de la camilla», y además la Unidad Móvil de Emergencias que había acudido al domicilio sufrió un pinchazo, lo que obligó a movilizar otra ambulancia. El paciente terminó ingresando en el Santa Lucía a las 17.34.

La Asociación Defensor del Paciente solicitó los audios de las llamadas de urgencias, lo que permitió «comprobar que no solo estábamos técnicamente ante una desastrosa gestión de una emergencia médica para salvar la vida de una persona, sino que dichos audios reflejaban una respuesta fría, burocrática e inhumana a las reiteradas imploraciones dramáticas que durante horas los familiares del fallecido hicieron para que acudiera algún médico a asistir a quien se moría poco a poco por no poder respirar. Ni siquiera se contempló que acudiera un facultativo del centro de salud, que estaba pegado al lugar de los hechos».

A pesar de que la Inspección médica reconoció error en la asignación del recurso y cierto retraso injustificado, «la defensa tanto de la Consejería de Sanidad como de su aseguradora en juicio rechazaron su responsabilidad con argumentos como que el paciente estaba ya muy mal de base, y que además la culpa fue de no haber llamado antes la familia al 112», lamenta la asociación. No obstante, el SMS terminó reconociendo su responsabilidad.

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