Condenan a 'La Intocable' por un delito de odio por una agresión a ultras de izquierdas en Churra

Los hechos que han motivado esta resolución se desarrollaron hacia las 13.15 horas del 25 de febrero de 2017, apenas un mes después de que la propia Lucía G. C. hubiera sido brutalmente apaleada en la puerta de un pub del casco urbano de Murcia, de madrugada, cuando jóvenes de ideología de ultraizquierda la reconocieron como integrante de un grupo neonazi.

Esa tarde, conocidos de 'La Intocable' la habían alertado de que en la terraza de un restaurante de Churra se encontraba una joven que en apariencia estaba vinculada a grupos de extrema izquierda, junto a su novio y otros familiares. Ese aviso motivó que Lucía G. C. y un numeroso grupo de correligionarios suyos -en torno a una veintena- se desplazaran hasta el lugar, donde comenzaron a desafiar a la pareja y a sus familiares con gritos como «guarros», además de lanzarles miradas desafiantes. La actitud de los ultras de extrema derecha llevó a la familia allí congregada a pedir un taxi y a tratar de abandonar el lugar, lo que motivó que recibieran una lluvia de sillas y botellas de cerveza, sin que el hecho de que se encontraran niños entre las víctimas del ataque frenara los ánimos de los agresores. En un momento dado, varios de los neonazis comenzaron a asestar puñetazos y patadas a la pareja de ultraizquierda y a los familiares que trataba de prestarles auxilio.

Mientras tanto les lanzaban expresiones amenazantes como «nos hemos quedado con vuestras caras», «os vais a enterar», «estáis fichados»...

Como consecuencia de la agresión, los dos jóvenes de extrema izquierda sufrieron multitud de golpes por todo el cuerpo, que se tradujeron en numerosas contusiones y hematomas, y otros cinco miembros de su familia también acabaron heridos, aunque en ningún caso las lesiones fueron de gravedad. Eso sí, la chica que se había convertido en el principal objetivo del ataque sufrió posteriormente diversas crisis de ansiedad y pánico, insomnio y un cuadro ansioso-depresivo, que la obligaron a recibir asistencia psicológica.

El hecho de que la tramitación del procedimiento hubiera sufrido dilaciones relevantes no imputables a los tres acusados, unido a que las víctimas renunciaron a las indemnizaciones que les hubieran podido corresponder, motivó que pudiera alcanzarse un acuerdo entre el abogado de la defensa, Pedro López Graña, y el fiscal y se cerrara una sentencia de conformidad con las penas ya mencionadas. Este periódico se puso este miércoles en contacto con el despacho jurídico López Graña Abogados, que declinó hacer cualquier comentario sobre la resolución.