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Las empresas concesionarias de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la mayoría de municipios de la Región alertan de que el «desaforado» incremento ... de los costes energéticos las ha colocado en una situación «insostenible». Reclaman al Gobierno regional que se renegocien los contratos de explotación y mantenimiento para compensar las pérdidas que arrastran y paliar su desequilibrio económico. Se trata de una quincena de empresas que tienen a su cargo más de 70 depuradoras que procesan las aguas residuales de más de 1,1 millones de habitantes.
La Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (Esamur) adjudicó hace dos años a estas empresas -constituidas en UTE- diez lotes para la gestión y mantenimiento de las depuradoras de cuarenta municipios, con una vigencia de tres años prorrogables a otros dos. Las condiciones que se fijaron en aquellas ofertas han cambiado por completo debido a los costes energéticos, lo cual ha dejado a estos concesionarios en una situación muy comprometida, indica su portavoz, Antonio David Ruiz.
El importe total de adjudicación de los diez lotes de depuradoras suma 23,1 millones de euros al año, incluido otro de la zona del Noroeste que se contrató a otro precio. Entre todas dan trabajo directo a 232 personas y procesan unos caudales de 51 millones de metros cúbicos. Dentro de estos lotes no están incluidas las depuradoras de los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Águilas, cuyas instalaciones están gestionadas por Hidrogea y las empresas de su grupo, como Emuasa y Aguas de Lorca. No obstante, estas tienen el mismo problema de encarecimiento de los costes energéticos.
Estas empresas solicitan que se revisen los precios de los contratos para hacer frente al incremento de costes y poder sobrevivir. Consideran que se encuentran entre la espada y la pared, ya que no se puede detener el funcionamiento de las plantas depuradoras porque el tratamiento de las aguas residuales urbanas es un servicio básico de primera necesidad. Paralizar dicho servicio conllevaría la comisión de un delito medioambiental.
Las empresas operadoras recalcan que atraviesan «una situación insostenible debido al desaforado aumento de los costes energéticos, que han provocado un desequilibrio económico de tal magnitud que compromete y pone en riesgo la viabilidad de las plantas de tratamiento y de las empresas del sector», apunta este colectivo empresarial. Argumentan que sostienen «un sector estratégico y un servicio básico en la Región, por lo cual reclaman »que se trabaje en buscar una solución mediante una contraprestación económica justa, acorde a los costes energéticos del momento y se rompa así el desequilibrio económico que no hace viable la continuidad de este servicio«.
Antonio David Ruiz explica que no solo se pone en riesgo la viabilidad de las empresas del sector, sino también el desarrollo tecnológico ligado a esta actividad. Añade que Esamur «es sensible a este problema», provocado por un aumento de los costes de un 45%, sobre todo energéticos. Los operadores han mantenido contactos con la Administración regional para tratar de buscar una solución, basada en articular medidas jurídicas que permitan revisar los convenios y mantener el equilibro económico.
El 85% del gasto total en depuración y tratamiento corresponde a la energía, que está incluida en los contratos, razón por la cual estas empresas alertan de que se encuentran en una situación desesperada, señala Ruiz. «Tienen que poner dinero todos los meses para poder continuar».
Recuerda que estos concesionarios «destacan por ser referentes mundiales en este ámbito y estar en la vanguardia en tecnología. Gracias a los indicadores registrados y al modelo, nuestra comunidad lidera el sector de la depuración y su reutilización en la agricultura», indica
«Es un tema que se está estudiando», explican fuentes de la Comunidad, que consideran que el Gobierno de España «debería realizar un cambio normativo para permitir una revisión excepcional de precios en los contratos relativos a los servicios de gestión del ciclo integral del agua en la que se incluya los costes energéticos, laborales, de materiales, consumibles, reactivos y de combustible como factores de cálculo». Añaden que esto se ha hecho con las concesionarias de obra pública. «No entendemos por qué quedaron excluidas éstas empresas», indican. Estas concesionarias señalan que en otras comunidades que comparten este problema ya se están tomando medidas. Confían en que el Ejecutivo autonómico también encuentre una fórmula.
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