La Comunidad veta a una empresa que se echó atrás tras una adjudicación

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública ha dictado una orden en la que establece la prohibición de contratar durante al menos un año a una empresa murciana que se echó atrás a última hora cuando se le había adjudicado un servicio público, en concreto el de «recogida, transporte, clasificación y entrega de documentos mediante sistema de valijas y paquetería adicional, en la red de centros públicos de atención al ciudadano».

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el pasado jueves 12 de agosto. La empresa en cuestión recibió la adjudicación de la concesión, valorada en 83.390 euros (al precio ya se le incluye el IVA) y con una duración de dos años, el pasado 28 de abril, tras un concurso público que despertó escaso interés entre los licitadores, pues solo hubo una candidatura finalista. Aproximadamente un mes después, la Comunidad Autónoma emplazó a la mercantil a la firma del contrato, pero sus responsables nunca se presentaron a completar el procedimiento, con lo que dejaron tirada a la Administración pública.

Con lo cual, el Gobierno regional procede a revocar la adjudicación, declarándola desierta y convocando un nuevo concurso público. A la empresa, además de la prohibición de contratar, se le exige una penalización económica de 3.445 euros.

La causa de las diferencias entre el departamento que dirige Antonio Sánchez Lorente y la empresa vinieron, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial, por una revisión a última hora del pliego de condiciones técnicas que realizó la adjudicataria. La discrepancia fue por el peso total de las valijas y de los sobres con documentos que estas debían contener.

«Lo que pretende la adjudicataria es una modificación de los términos del contrato, por lo que el motivo de no formalizar se debe a su exclusiva responsabilidad», concluye el informe jurídico que en el que se basa la Consejería de Transparencia, Participación y Administración para argumentar su decisión. «Por tanto, se contempló la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria acerca de la no formalización del contrato, por cuanto se escuda aquella en un mal entendimiento de lo que en el pliego está plasmado con palmaria claridad», añade la institución regional.

La prohibición de contratar para la empresa murciana se circunscribe al departamento licitador en cuestión, que buscan que la empresa no vuelva a presentarse a la nueva adjudicación del servicio de recogida de documentos, que se reinicia de manera inmediata.

No obstante, cabe la posibilidad de que el veto «se pueda extender al correspondiente sector público en el que se integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la extensión de efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado», explica la resolución de 12 de agosto de 2021.

La firma puede interponer todavía recurso de reposición por la vía administrativa o irse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

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