La Comunidad se une a Valencia y Andalucía para defender a los pescadores en Bruselas

El Gobierno regional y las cofradías de pescadores presentarán próximamente a la Comisión Europea sus propuestas para la modificación de la Política Pesquera Común, «que debe recoger los intereses de nuestros pescadores y garantizar la rentabilidad de la actividad».

Así lo anunció ayer la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y a la que asistieron el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín.

«En los últimos meses, hemos compartido una gran preocupación, la de nuestros pescadores, que han visto cómo las medidas adoptadas en la Unión Europea ponen en riesgo la viabilidad del futuro de la actividad», añadiendo que «el sector pesquero regional adoptará las medidas solicitadas para poder pasar de 27 a 130 días de media, pero muchas de ellas conllevan inversiones importantes y Europa no puede estar modificándolas cada año».

Rubira informó también de que, en los próximos días, «el Gobierno de la Región se reunirá con las cofradías para acordar un documento de alegaciones», para defender «una pesca sostenible, comprometida con el estado de los fondos y las especies, que necesita un relevo generacional y ayudas para hacerla atractiva».

«Nos encontramos ante una gran oportunidad de cambiar el futuro de la pesca, contando con la sensibilidad y disposición del comisario Costas Kadis, quien ya nos transmitió su voluntad para trabajar de forma coordinada en favor de la mejora del sector», añadió la consejera.

Entre las modificaciones que están sobre la mesa «solicitaremos revertir los recortes en los días de faena para la pesca de arrastre, que han llevado a los pescadores a una situación extrema, o la actualización de los caladeros para conocer con exactitud su estado y que estos datos estén diferenciados por regiones». Se suma la necesidad de «contar con una Política Común específica para la pesca del Mediterráneo», concluyó Rubira.