La Comunidad solo ha pagado 16 de 5.000 ayudas pedidas para autoconsumo solar

La Comunidad reiteró en varias ocasiones desde hace más de un año que se estaba viendo desbordada ante la avalancha de expedientes presentados, pero el atasco continúa sin solucionarse. De las más de 5.000 solicitudes –según una información publicada en este periódico en agosto del pasado año, la cifra alcanzó las 6.774 peticiones–, un total de 928 solicitudes fueron rechazadas o bien los solicitantes desistieron de la ayuda.

Además, 1.035 solicitantes recibieron propuestas provisionales de concesión por un importe de 10,96 millones de euros para su aceptación o alegaciones; 1.528 solicitudes, por valor de 12,66 millones de euros, están previstas para su propuesta provisional; y 1.131 peticiones, por 10,3 millones de euros, cuentan con informe favorable, las cuales se irán atendiendo cuando se produzca la incorporación de la segunda ampliación de presupuesto por parte del Estado (por 6,5 millones de euros, que se encuentra en trámite de aceptación), momento en el que pasarán a propuestas provisionales, en función del orden de entrada, aseguran las fuentes citadas.

La Administración regional reconoce el retraso en la tramitación de los expedientes, pero incide en que se trata de una gestión de lenta resolución, ya que debe analizar los expedientes uno a uno, puesto que se trata de ayudas de la Unión Europea en las que se requiere numerosa documentación, lo que prolonga la tramitación burocrática. El dinero se entrega al beneficiario tras justificar la ayuda. En 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió una primera ampliación de 13 millones ante la escasez de fondos para atender estas subvenciones, uniéndose a una cantidad total de 30 millones. El Gobierno autonómico señaló que el aumento del presupuesto seguía siendo insuficiente para atender a la demanda, valorada en cerca de los 50 millones de euros.

Estos incentivos surgieron para impulsar las instalaciones de autoconsumo energético en el sector servicios y otros sectores productivos, sector residencial, administraciones públicas y tercer sector y aplicaciones térmicas en el sector residencial. Hasta el 31 de diciembre las pueden pedir las personas físicas o agrupaciones, así como personas jurídicas –empresas, instituciones, entidades locales, el sector público institucional, organizaciones del tercer sector, comunidades de propietarios y comunidades ciudadanas de energía. El programa se divide en dos líneas: solo la instalación de autoconsumo hasta los 2.400 euros y otra con la fuente de energía renovable incluída hasta los 4.800 euros.

Raúl Martínez se encuentra entre los primeros particulares que solicitó la ayuda de autoconsumo solar. A las pocas horas de que se abriera la convocatoria el 3 de noviembre de 2021, su empresa gestora le tramitó la petición. Ignoraba que en ese momento empezaría su odisea contra la Administración regional, que aún sigue sin clarificarle si le han concedido el incentivo de manera definitiva. El 28 de octubre de 2022, prácticamente un año después de que presentara su solicitud, recibió una notificación de la autoridad competente en la que respondía a su trámite favorablemente con una propuesta de resolución provisional de concesión tanto en autoconsumo renovable –la instalación de las placas– como en el almacenamiento –baterías. Entonces y tras cumplir con todos los trámites legales y técnicos con el Ayuntamiento, se decidió a colocarlas.

«Me las terminaron de poner la primera semana de junio y, ante mi sorpresa, dos semanas después recibí una segunda notificación en la que se me indicaba que había una modificación rectificativa de la propuesta provisional inicial debido a un error aritmético inexistente, pasándome a la lista de reserva provisional en la categoría de almacenamiento», relata este vecino, de 50 años, de Altorreal.

Ante su asombro, siete días más tarde, presentó unas alegaciones, en la que dejaba entrever que «de tapadillo me modifican la adjudicación de concesión de las baterías». El ingeniero de Caminos pensó que el escrito no era suficiente, así que programó una cita presencial, que efectuó el pasado 11 de septiembre. Atónito, escuchó cómo la funcionaria le justificaba el cambio: «Realmente no había error aritmético, simplemente cuando se realizaron las notificaciones provisionales favorables no había fondos». Se marchó sin creerse que la CARM no tuviera el respaldo de los fondos procedentes de los Next Generation Generation y, ahora, está a la espera de que pueda entrevistarse con el jefe de Servicio de Planificación para que le dé las explicaciones oportunas.

«No sé lo que han hecho con el dinero, pero no tiene sentido cuando deberían haberlo recibido de la Unión Europea», lamenta Martínez, cuya gestora le ha transmitido que puede ser que sea el único particular que conozcan al que le ha sucedido este cambio. «Tal vez sea el único a quien le han pasado de concesión a lista de reserva provisional en las baterías», agrega. No cree que los fondos se hayan destinado a otros gastos, puesto que eso sería prevaricación, afirma.

«Entiendo que haya un control de lo que se hace con el dinero, pero me resulta muy extraño que se les llene la boca a los políticos de este país que fomentan que los particulares hagamos una inversión grande, porque yo me he gastado casi 12.000 euros en instalar placas solares y baterías, y ahora me están toreando pasándome el capote», subraya Martínez quien precisa que de esta manera se frena la iniciativa de los particulares para invertir en placas solares. «Soy de los pocos que las ha colocado y, después de hacerlo me penalizas porque ya están instaladas», concluye.