La Comunidad resuelve con el Gobierno las discrepancias que frenaban la Ley de Aceleración

La segunda ley de aceleración empresarial regional comienza a tener despejado el camino para su desarrollo completo en el futuro, por lo menos a nivel administrativo; otra cosa distinta es la vía judicial, donde todavía está por resolver el recurso presentado en su momento por la formación Podemos en el Tribunal Constitucional. Y es que la Comunidad Autónoma y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo por el que resuelven las incompatibilidades existente con la normativa estatal, que se han circunscrito, al final, a unos apartados concretos de dos artículos. Así lo publicó el BORM del 5 de julio.

Las discrepancias arrancaron a raíz de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública apreció posibles incompatibilidad en algunos preceptos de la llamada Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. Aunque, definitivamente, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma constituida centró la solución a la controversia en los artículos 7.4, regulador de incentivos de edificabilidad; y 23.4, que fija porcentajes para considerar sustancial una modificación de instalación o actividad a efectos de autorización ambiental.

De ahí que desde el Ejecutivo autonómico consideren que el alcance de las dudas planteadas ha sido «mínimo». Así lo reconoció ayer a 'La Verdad' el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en funciones, Javier Celdrán, cuyo departamento jugó un papel importante en el diseño del nuevo marco, que aprobaron PP y Cs en la Asamblea Regional, con el que se pretende agilizar la actividad empresarial, poniendo fin al bloqueo burocrático de tantos proyectos.

En el caso del incentivo de edificabilidad hotelera «para apoyar la modernización de los establecimientos y elevar su categoría», tal como reconoció Celdrán, dentro del artículo 7.4 que añadía el incentivo del aumento de la edificabilidad en la Ley de Turismo de la Región, el Ministerio cuestionaba su adecuación a la Ley de Costas y el texto refundido de la Ley de Suelo. De forma, que por razones de claridad y para evitar interpretaciones contrarias a la normativa del Estado, se consideró que solo era precisa la modificación eliminando el apartado 9, relativo a la aplicación de la prima de aprovechamiento, dado que si la distribución de cargas debería materializarse en un instrumento urbanístico, la redacción podría llevar a interpretaciones contrarias. Por ello, desde la Consejería insisten en que el acuerdo determina que no hay vulneración de la Ley de Costas, aunque en aras a evitar interpretaciones equívocas de la norma que pudieran suponer una afección a la Ley del Suelo, se acuerda eliminar ese apartado.

En cuanto al artículo 23.4 que modifica el art. 22 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región, la Comisión Bilateral entiende que no existe infracción de la normativa estatal en lo que se refiere al porcentaje establecido para considerar sustancial una modificación de la instalación o actividad a efecto de autorización ambiental, pero se considera oportuno su aclaración interpretativa en el acuerdo. Por ejemplo, cuando una empresa amplía sus instalaciones con una nueva nave.

El consejero Celdrán está «satisfecho» con el acuerdo entre ambas administraciones tras las dudas generadas y pasar los filtros normativos.

Mientras, desde Podemos han dejado claro que mantienen su recurso contra la Ley de Aceleración en el Constitucional, además de que se les reconoce, tal como esgrimieron, que el art. 7.4 invade competencias del Estado, ya que se requiere su autorización para cualquier modificación de la edificabilidad hotelera en zonas de costa; y que el art. 23.4 permitía dejar la puerta abierta al incremento de emisiones contaminantes sin exigir una nueva autorización ambiental.