La Comunidad rechaza reducir el límite máximo de nitrógeno en los abonos cerca del Mar Menor

La Consejería de Agricultura, promotora de estos dos proyectos, remitió ayer a las partes interesadas el último borrador de la orden que debería estar aprobada en mayo, pero que acabará retrasándose por los pasos que aún quedan pendientes de completar. La consejera Sara Rubira detalló ayer en la Asamblea Regional el largo proceso que ha supuesto elaborar estos dos documentos, que tuvieron que actualizarse tras la publicación en 2022 de varios reales decretos estatales como el de nutrición de suelos sostenibles o el de protección de las aguas contra la contaminación difusa, e incluso la reciente normativa sobre la PAC.

En la práctica, la ley del Mar Menor y sus restricciones a la actividad primaria han servido de guía principal para elaborar ambos programas y establecer, entre otras cuestiones, la prohibición de aportar al suelo una cantidad de abono orgánico con un contenido en nitrógeno superior a los 170 kilogramos por hectárea y año. Este volumen, que ya se aplicaba en la cuenca del Mar Menor desde 2020, está en vigor desde hace tres años en la normativa estatal, pero en el periodo de consultas la Confederación Hidrográfica del Segura aconsejó a la Comunidad «establecer valores inferiores» porque la cantidad fijada es «excesiva».

El Gobierno regional contestó que esa limitación la marca además la directiva europea de nitratos y que comprende todo tipo de estiércol y otros materiales orgánicos, como compost y abonos. «Los programas de fertilización nitrogenada se ajustarán a las necesidades del cultivo, buscando el equilibrio óptimo entre el rendimiento y la calidad de la cosecha, asegurando la máxima eficiencia de absorción del nitrógeno por parte de la planta», según el borrador de la orden, al que ha tenido acceso LA VERDAD.

Las áreas agrarias afectadas abarcan 255.000 hectáreas y están sobre los acuíferos de Alto Guadalentín y Puentes, Vega Alta y Media del Segura, Campo de Cartagena, Caravaca, Judío y Moro, Bajo Quípar y Bullas, Quibas, Bajo Guadalentín, Mula, Águilas, Mazarrón, Baños de Fortuna, Cuaternario de Fortuna, Sierra de Cartagena y Cuchillos-Cabras.

Las explotaciones que estén en superficie y dentro del perímetro de estas masas de agua subterráneas estarán condicionadas por varios requisitos. Entre ellos, la obligación de realizar un análisis del agua de riego cada dos años por un laboratorio acreditado (la CHS pidió que fuera anual), una o varias analíticas del suelo en función del tamaño de la finca, estudios de los purines o estiércol empleados o la prohibición de usar lodos de depuradoras.

Los agricultores deberán establecer uno o varios puntos de control según el tamaño de la explotación y no se podrán usar fertilizantes en tierras con una pendiente superior al 15% si no es con fertirrigación. El apilamiento temporal de estiércol en el campo no podrá superar los diez días; salvo en el Campo de Cartagena, que será de tres días. La distancia para abonar junto a un cauce deberá ser de cinco metros mínimo y de 50 metros en torno a pozos o fuentes de agua.

Las granjas estarán obligadas a realizar un plan de gestión para los purines que producen los animales y para los agricultores será obligatorio rellenar en el cuaderno de explotación (o el digital cuando lo establezca el Gobierno central) «todos los datos relativos a la fertilización».

Varias entidades relacionadas con la actividad agraria y particulares han tratado de que Agricultura retirara alguna de estas obligaciones de los programas de actuación, pero esta ha alegado que se ciñe a la normativa sectorial en vigor. El incumplimiento de las medidas más importantes se considerará como una infracción grave y se sancionará conforme al mismo régimen establecido en la ley del Mar Menor.

Los programas en zonas vulnerables van a incluir una serie de medidas adicionales para garantizar la «inocuidad» de la actividad agraria. Entre ellas la impermeabilización artificial obligatoria de las balsas de purines en nuevas granjas o las que se amplíen, la entrega del estiércol a un gestor autorizado o un certificado anual que acredite el cumplimiento de todas las medidas preventivas, correctoras y de control en materia de trazabilidad de residuos y de deyecciones ganaderas.