La Consejería de Hacienda aumentará un 23% las inspecciones para combatir el fraude

Más inspecciones, un buzón de denuncias y una mayor asistencia y control a los grandes contribuyentes. Estos son solo algunos de los detalles de la receta con la que el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, pretende plantar cara al fraude fiscal en la Región. Una hoja de ruta que contempla casi una treintena de medidas para parar los pies a esta lacra, que «produce competencia desleal, un grave perjuicio a las arcas y un deterioro de los servicios públicos».

El titular del ramo avanzó este martes algunos de los detalles de la propuesta del Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria de la Región, que se prevé aplicar en la comunidad en 2021 y 2022. Un objetivo con el que el Ejecutivo prevé invertir 1,2 millones de euros y recuperar hasta 40,5 millones de actuaciones fraudulentas. La cifra supone que por cada euro invertido se recuperarán 32,84 euros para los contribuyentes, tal y como enfatizó el consejero.

La propuesta que la Comunidad puso encima de la mesa contempla un incremento de un 23% en las actuaciones de control tributario. Concretamente, precisó Celdrán, la idea es pasar de las 7.629 inspecciones del pasado año a unas 9.402 anuales -1.800 adicionales cada año-.

Esta hoja de ruta también prevé la creación de una unidad de asistencia y seguimiento a grandes contribuyentes. Celdrán puso como ejemplo, en este punto, a compañías como Repsol o Sabic que liquidan muchos impuestos en la Región, dado el volumen que gestionan. «Queremos que tengan una interlocución más directa para cualquier duda», recalcó.

Además, el programa contempla la puesta en marcha de un buzón para la denuncia tributaria y el impulso de una oficina para ayudar a los contribuyentes en sus trámites. Además, se impulsará el intercambio de información con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y se incrementarán las inspecciones sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que gestionan los ayuntamientos.

Celdrán, acompañado por la directora de este organismo, Sonia Carrillo, mantuvo un encuentro con los representantes de Comisiones Obreras, UGT y la patronal Croem para darles a conocer la propuesta. Los agentes sociales, según explicó, cuentan ahora con un periodo de 15 días para realizar sus aportaciones.