Comunidad y Ministerio chocan por la retirada de veinte barcos de la laguna

El Gobierno regional ha «apremiado» al de España «a que asuma su competencia en la retirada de embarcaciones en el Mar Menor a la mayor brevedad posible». Lo ha hecho «tras la finalización del convenio de colaboración» firmado en el año 2018, que permitió sacar del agua «54 embarcaciones abandonadas, varadas, hundidas o semihundidas», recoge el ejecutivo en el último informe sobre sus «acciones concretas» para la recuperación ambiental de la laguna. Y detalla que los trabajos, orientados entre otras cosas a evitar daños al fondo marino y vertidos de aceites e hidrocarburos, han costado más de 110.000 euros, sufragados de forma íntegra por la Comunidad.

«El Ministerio es el organismo que tiene las competencias para la retirada de las embarcaciones en el litoral, incluido el Mar Menor. Ante la inacción del Gobierno de España, en 2018 el Gobierno regional y el Ministerio firmaron un convenio por el que el Ejecutivo autonómico asumió la retirada de manera transitoria durante cuatro años, sin ninguna aportación económica del Ministerio», indicaron a LA VERDAD fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Universidades, Investigación y Mar Menor.

En este departamento, que dirige Juan María Vázquez, añadieron que «finalizada la vigencia del convenio, y al ser una competencia que ejerce única y exclusivamente el Gobierno de España, en junio de 2023 se elaboró un informe que contabilizaba veinte embarcaciones». Seis están en Lo Pagán, cinco en Los Nietos, cuatro en Lo Poyo, dos en Playa Honda y el resto en San Javier, Puerto Tomás Maestre e isla del Ciervo. Para su extracción, añadieron, el listado «se remitió a la Capitanía Marítima [de Cartagena]», del Ministerio Transportes; y a la Demarcación de Costas», del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). El informe «establece un baremo, en función de la dificultad de sacarlas: cinco embarcaciones ofrecen una complicación muy alta; siete, alta; siete, media y una, baja. Y lamentaron que «el Ministerio lleva cerca de once meses sin retirar ni una sola».

Fuentes del Gobierno central respondieron que «hasta hace unos meses existía una encomienda de gestión» entre el primer Ministerio y la Consejería, «mediante el que Capitanía hacía los expedientes de las embarcaciones que indicaba la Comunidad y esta las retiraba». Sin embargo, indicaron, «la Comunidad deshizo o denunció ese convenio y, poco después, solicitó a Capitanía la retirada de dos embarcaciones en la zona de El Estacio, en La Manga». Capitanía desplazó a Salvamento Marítimo (Sasemar), que «determinó que dichas embarcaciones no suponían un peligro para la navegación; por tanto, no era competencia de Capitanía» desalojarlas.

En su respuesta a la solicitud de la Comunidad, impulsada por las direcciones generales de Medio Natural (ahora de Patrimonio Natural y Acción Climática) y del Mar Menor, Capitanía precisó que tiene atribuciones «solamente sobre las embarcaciones que supongan un peligro para la navegación».

«En caso contrario, la retirada obedece a consideraciones medioambientales y debe ser valorada y llevada a cabo por la Administración competente en materia de medio ambiente», advirtieron. Subrayaron que casi todas las embarcaciones incluidas por la Comunidad en su informe «están dentro de las zonas de baño y, por tanto, es competencia de la Comunidad Autónoma o, en todo caso, de los ayuntamientos, retirarlas».