El Sindicato utilizará «todos los frentes legales» ante el Ministerio

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, expresó su «indignación» a la propuesta del Ministerio, ya que a su juicio se le pone fecha de caducidad al acueducto para «finiquitarlo» en el 2027. Jiménez dijo que habían propuesto un máximo de 6,2 metros cúbicos, ya que consideran que existe «un error de bulto en la metodología» aplicada por el Ministerio para establecer los nuevos caudales en Aranjuez. «Me da igual que maten el Trasvase el año que viene que en el 2027. ¿Acaso esperan que en este tiempo desaparezca el regadío del Levante?».

Tras una reunión urgente del Sindicato, Jiménez no descartó recurrir «en todos los frentes legales, y apuntó que la intención del Gobierno central es el resultado de «la crónica de una muerte anunciada», a través de una decisión que calificó como una «componenda política».

Acusó al Ministerio de «escamotear» información a los regantes, que son «al fin y a la postre», junto con los usuarios del abastecimiento, «los que pagan todo este festival de planificación y funcionarial». Recalcó que los 8,6 metros por segundo, previstos para el año 2027, «supondrán una merma de 93 hectómetros cúbicos para el Levante. No hay generación de nuevos recursos a la vista», más allá de la ampliación de la desalación, «algo que ya sabíamos».

Anunció que el Sindicato convocará «en breve» al Círculo del Agua para programar manifestaciones de protesta «ante lo que nos parece una medida ideologizada». Hizo un llamamiento a gobiernos de Murcia, Alicante y Almería, «para que nos reúnan y nos digan en qué han consistido las negociaciones, por qué han salido tan mal y qué pasos van a dar a partir de este momento».

El Gobierno regional denunció «el recorte de 80 hectómetros anuales del Trasvase, lo que supondrá, como mínimo, un descenso del volumen trasvasado del 27%», dijo el consejero Antonio Luengo. Añadió que «esta decisión partidista del Gobierno central consuma la amenaza que llevábamos tiempo denunciando. No se da una solución real al problema de contaminación del río Tajo». Del mismo modo, denunció que la Región «se verá doblemente agraviada ya que tampoco se beneficiará de las ayudas en materia de depuración y saneamiento, que perjudican a las comunidades que sí cumplimos escrupulosamente con las directivas europeas».

Avisó de que el Gobierno central «está mandando un mensaje muy peligroso a los mercados nacional e internacional, que ven cómo su principal fuente de abastecimiento (frutas y verduras) está en peligro», por lo que «deberían pensar en el grave daño que ocasionan al sector agrario que tiene que planificar sus cosechas ante esta incertidumbre».

El Consell valoró como un «primer paso» el acuerdo alcanzado sobre las nuevas condiciones de explotación del Trasvase. Sin embargo, emplazó al Ministerio a «mantener abierto el diálogo» tanto con los regantes como con el Ejecutivo valenciano para «seguir mejorando» las condiciones. «Con el aumento acordado», destaca el Consell en un comunicado, «se logra precisamente asegurar la continuidad de los envíos durante los próximos años». El Gobierno valenciano destaca que la mejora de este punto «crucial» ha sido fruto de las «intensas negociaciones» que han mantenido «hasta el último instante» tanto el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, como la 'consellera' de Agricultura, Mireia Mollà, con el Ministerio.

UPA rechazó la disminución del Trasvase «por cuanto comprometería de forma inmediata la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares». Confía en la sensibilidad del Gobierno para alcanzar los objetivos medioambientales, «sin generar una reconversión con altos costes socioeconómicos para las explotaciones familiares y el empobrecimiento de la Región».