La Comunidad incumple su plan de ajuste por los gastos de personal y la caída de ingresos

El plan de ajuste es una condición que deben cumplir las comunidades autónomas con exceso de déficit para poder acceder a los recursos extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sobre todo en el caso de la Región de Murcia, habituada a elevados niveles de desfase presupuestario, debido en parte a la insuficiente financiación estatal. En este caso, el grado de cumplimiento del plan de ajuste se aleja considerablemente de los objetivos marcados para la estabilidad, según el informe del interventor general de la Comunidad, David Rodríguez Vicente. Destaca que de los 122 millones que se tenían que haber recortado el año pasado, solo se ejecutaron 28,3 millones, menos de la cuarta parte. El resto va a engrosar la deuda.

El interventor general detalla el comportamiento del capítulo de Personal, cuyos gastos se incrementaron en 31,7 millones de euros, entre los que destaca el reconocimiento de la carrera profesional en los ámbitos de la Administración General, organismos autónomos, Servicio Murciano de Salud y personal docente. Asimismo, creció el pago de retribuciones de verano a interinos de Educación y para la integración de profesores de FP en Secundaria.

Los mayores aumentos corresponden al incremento retributivo en el SMS y a la reducción de jornada de personal docente no universitario, en aplicación de las 35 horas semanales que se puso en marcha con el inicio del actual curso escolar.

Hubo un ahorro de 30,4 millones en gastos corrientes en bienes y servicios, principalmente en medidas de racionalización en el ámbito sanitario, conciertos sociales y servicios de teleasistencia a personas dependientes. También se ahorraron casi 30 millones en gasto farmacéutico y en asistencia temprana.

El Gobierno regional incumplió asimismo los ingresos adicionales estimados en dicho plan para tratar de corregir el déficit. La Intervención destaca que hubo una bajada de ingresos previstos por la vía de los impuestos directos que dependen de la Comunidad, que no se pudo compensar con una mayor recaudación de los impuestos indirectos y las tasas. Como resultado, hubo 25,6 millones por debajo de lo estimado en el plan. En concreto, se dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por modificaciones en deducciones y en el tramo autonómico del IRPF; mientras que se recaudaron 18,4 millones más en impuestos indirectos, sobre todo por la implantación del tributo estatal sobre depósito de residuos en vertederos.

La Intervención General señala que el déficit presupuestario no financiero de la Comunidad ascendió el año pasado a 973 millones de euros, el equivalente al 2,5% del PIB regional. Su endeudamiento va en aumento y alcanzó los 12.137 millones de euros, de acuerdo con los datos suministrados por el Icref, lo que supone un incremento del 6,51% en términos anuales.

El informe también llama la atención sobre la deuda comercial contraída y la deuda no financiera, que llegó hasta los 779 millones el año pasado, incluidos los pagos pendientes de ejercicios anteriores. La mayor parte corresponden al sector sanitario.

Respecto al nivel de morosidad de la Comunidad Autónoma y las operaciones pendientes de pago a los proveedores, el año pasado se despidió con una media de 55,86 días de demora, con una leve mejora sobre noviembre. No obstante, dicho indicador fue superior en 25,8 días al plazo máximo marcado en la normativa vigente sobre morosidad, fijado en 30 días.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empresa admite que no ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria que asumió el Gobierno regional para contrarrestar el déficit del año pasado, lo cual atribuye a la infrafinanciación estatal.

El departamento de Luis Alberto Marín explica que el plan de ajuste son previsiones que el Gobierno regional establece en su hoja de ruta para el control de gastos e ingresos. «Se elabora en función de unas estimaciones y, en este caso, no se han llegado a cumplir, entre otras razones, por la falta de financiación. Este plan de ajuste, condición para poder acceder a los recursos extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no sería necesario en caso de que la Región contase con los recursos que necesita para mantener unos servicios públicos de calidad; recursos que se ven perjudicados por la sistemática infrafinanciación de la Comunidad», añade.

Considera que «a nadie se le escapa que la Región de Murcia es la comunidad peor financiada de toda España. De hecho, tal y como anunció el presidente, López Miras, un nuevo informe elaborado por el Ivie fija en casi 11.000 millones de euros la deuda que el Estado tiene con la Región». Sobre esta base, sostiene que, «cuando no se reciben los recursos necesarios que le corresponden a los ciudadanos de la Región, el Gobierno regional debe priorizar para que no haya merma en los servicios públicos esenciales como son la sanidad, la educación o los servicios sociales».

El informe del interventor general destaca, por otra parte, que el año pasado se eliminaron del inventario de la Comunidad cinco entes y organismos públicos, como Caravaca Jubilar 2010, la Fundación Instituto de Estudios Económicos, la Agencia Regional de Gestión de la Energía y los consorcios de Marina de Cope y de la construcción de la piscina cubierta climatizada de Cieza. Hay otros cinco entes en trámite de desaparición: el consorcio de la piscina climatizada de Alguazas, la desaladora de Escombreras, Industrialhama, el Centro Integrado de Transportes de Murcia, la Fundación Integra y la Agencia de Transformación Digital.