La Comunidad formaliza en el Supremo la demanda por los daños del recorte del Trasvase

El Gobierno de López Miras anunció el año pasado su decisión de recurrir el Plan del Tajo y como primer paso solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que paralizara cautelarmente el incremento de los caudales ecológicos, lo cual rechazó el alto tribunal, a la espera de entrar en el fondo del recurso. Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Andalucía, la Diputación de Alicante y el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) también han recurrido ante la misma instancia.

Una vez que ha podido disponer de toda la información necesaria por parte del Ministerio, la Comunidad Autónoma formalizó el pasado lunes su demanda contra el real decreto que aprobó el Plan del Tajo –y del resto de demarcaciones– debido a las consecuencias que acarrea para la cuenca del Segura la subida de caudales ambientales.

La demanda ha sido elaborada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y ha contado con la colaboración de un equipo formado por unos veinte profesionales, técnicos y miembros de distintas universidades que ha coordinado el experto en planificación hidrológica Francisco Cabezas. El recurso está acompañado por un anexo que incorpora quince informes que a juicio del Gobierno regional «desmontan» la decisión del Ministerio y abordan las consecuencias y el impacto económico, social y ecológico del aumento de los caudales ecológicos del Tajo. Sobre los efectos económicos y sociales, la demanda recoge que puede provocar la pérdida de 6.000 empleos en el ámbito de la cuenca del Segura.

Sostiene, asimismo, que la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo que fija los nuevos caudales ecológicos «está viciada desde su base ya que ignora la existencia del Trasvase Tajo-Segura y sus efectos» en la cuenca receptora. A partir de ahí la planificación queda invalidada en lo que respecta al aumento de los caudales, apunta el escrito.

El Ejecutivo regional sostiene, igualmente, que no hay ni se ha aportado ningún informe que dé soporte científico al aumento de los caudales. El Ministerio no ha aportado un solo estudio o informe técnico que justifique la fijación de los caudales ecológicos, añade. La demanda subraya que tampoco se ha evaluado el impacto medioambiental sobre las masas de agua de los ríos Mundo y Segura, y también de algunos humedales del sur de la provincia de Alicante, que van a ver reducida su alimentación hídrica al reducirse las transferencias del Tajo. Los efectos también se dejarán sentir sobre los acuíferos.

«Estamos ante un real decreto que contraviene la Constitución y la ley; ignora la coordinación que debe tener la planificación hidrológica: es arbitrario a la hora de fijar los caudales ecológicos; crea una gran inseguridad jurídica al ignorar los usos y demandas del Trasvase y tendrá un impacto social y económico muy negativo para el futuro de la Región», resume el Gobierno regional en su demanda ante el Supremo.

Concluye con que el aumento de los caudales ecológicos «es una decisión política, arbitraria, sin aval científico y técnico, adoptada con el fin de reducir el Trasvase Tajo-Segura sin valorar las consecuencias económicas, sociales y ecológicas».

Cuando se cumple un año de aplicación de los nuevos caudales ambientales mínimos en el Alto Tajo, el impacto sobre el Trasvase no ha sido relevante. La subida de 6 a 7 metros cúbicos por segundo se mantendrá hasta el año 2026, cuando se pasará al segundo escalón de 8 metros, y después a los 8,7 en el siguiente ejercicio, cuando acaba este ciclo de planificación. En ese horizonte, la merma estimada del Trasvase Tajo-Segura será importante, de unos 100 hectómetros, principalmente para los regadíos, lo cual equivale a más del 40% de lo que reciben de media.

El Ministerio intentará suplirlo con desalación. No tiene intención de revisar los caudales ambientales hasta el próximo ciclo de planificación, aunque ya está trabajando en ello. Entre medias se interpone la reforma de las reglas de explotación, que podría provocar un recorte adicional de las transferencias al Segura. La ministra Teresa Ribera quiere reunir a las autonomías implicadas para abordar esta cuestión.

La petición que hizo el Gobierno regional, y de otros recurrentes, de paralizar cautelarmente los nuevos caudales del Tajo, mientras se resuelve el asunto de fondo, fue desestimada por el Supremo el verano pasado. La Sala respaldó el argumento de la Abogacía del Estado, de que en estos momentos no puede acreditarse que se causen perjuicios al tejido socioeconómico del Levante. El Supremo también rechazó otra petición del Gobierno valenciano en el mismo sentido.

El Ejecutivo regional señaló que no ha podido armar su demanda hasta ahora porque no disponía de todo el expediente solicitado al Ministerio. En diciembre, la Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo requirió al departamento de Teresa Ribera para que enviara la documentación completa a la «mayor brevedad posible», después de transcurridos cinco meses. El Ministerio sostuvo lo contrario.