Los regantes esperan que las «fuerzas vivas» reaccionen ante la «amenaza real» al Trasvase

«Desde la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, en el año 2010, no ha existido una amenaza tan real y tangible contra el Trasvase Tajo-Segura como el aumento de los caudales ecológicos», manifestó este martes el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, tras la reunión de la Mesa del Agua de la Región de Murcia. Advirtió que el incremento previsto, de 6 a 8,5 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, supondría restar casi 80 hectómetros anuales a las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, un volumen «bárbaro» que provocaría que la cabecera esté cinco meses al año sin trasvasar al Levante.

Con un ejercicio que ha asegurado el suministro para los regadíos, pese al cierre del canal por obras, el temor de los regantes tiene el foco puesto en el año 2022, cuando se apruebe el nuevo plan hidrológico del Tajo. El Scrats presentará este mes sus alegaciones contra el incremento de esos caudales, que dejarían el acueducto seriamente tocado para el regadío. El plazo para hacerlo acaba el día 30. A esto se une, a corto plazo, la reforma de las reglas de explotación que reajustará los niveles trasvasables. El Ministerio no ha esperado a tener aprobado el siguiente ciclo de planificación para cambiar dichas reglas, criticó Jiménez. A este cóctel de amenazas al regadío del Levante se une el coste del agua desalada, dijo. Este confía en que cuando llegue el momento «todas las fuerzas vivas» de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía «se impliquen directamente» para defender el Trasvase. Subrayó que el sector agroalimentario ha mostrado su fortaleza como uno de los pilares económicos y laborales en la actual crisis sanitaria, por lo que no entiende los intentos que hay para debilitarlo.

Los cambios que acechan al Trasvase pasarán probablemente por la reforma de la ley del año 1980, que es la viga maestra sobre la que se asienta el funcionamiento del acueducto, lo cual sería como abrir la Caja de Pandora, apostilló el dirigente del Scrats. Al hilo del discurso del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los efectos del cambio climático, lamentó que solo el Levante vaya a «arrimar el hombro» otra vez en materia medioambiental. Para el Scrats, el acueducto es la solución a los problemas de escasez y biodiversidad que sufre este territorio, no el problema.

Reclamó a los municipios ribereños al Tajo y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas.

Alertó asimismo que un número importante de pequeñas y medianas empresas agrícolas «pueden desaparecer» porque no tienen capacidad de hacer frente al precio del agua desalada, que ronda una media de 60 céntimos por metro cúbico, seis veces más de lo que cuestan los recursos del Tajo. «Pagar un agua tan cara de forma continuada es algo que solo podrían afrontar las grandes empresas del sector, y no por mucho tiempo. Las pequeñas no pueden hacerlo, y se está viendo», recalcó el presidente del Scrats.

Indicó que los regantes están reduciendo su demanda de la desalinizadora de Torrevieja porque se encuentran en «casi quiebra económica» al no poder pagar por adelantado los caudales contratados. El Scrats está pendiente de que la Confederación Hidrográfica del Segura otorgue las concesiones de Torrevieja. Las peticiones duplican la capacidad de producción de la planta, de 80 hectómetros anuales. La segunda parte será el contrato con Acuamed, las condiciones y el precio que haya que pagar.