La Comunidad contrató en plena crisis por 1,6 millones a la empresa de un ex alto cargo del PP

La firma Offshore Special Services (OSS), en la que Manuel Durán figura como director de Desarrollo, fue contratada con carácter de emergencia por la Administración regional para ocuparse de la gestión del teléfono gratuito (900 12 12 12), habilitado por la Consejería de Salud el 12 de marzo, cuando el coronavirus empezaba a propagarse por la Región, con el fin de resolver las dudas que los murcianos pudieran tener sobre la Covid-19 y evitar el colapso del Teléfono Único de Emergencias (112). El contrato con OSS incluía, asimismo, el apoyo logístico durante las intervenciones de descontaminación de espacios públicos.

Como fecha de formalización del contrato consta el 8 de mayo de 2020, según la documentación oficial que la Comunidad ha enviado a la Asamblea Regional a petición del Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, la compañía Offshore Special Service estuvo prestando servicio desde mucho antes. Por ejemplo, hay documentos gráficos que demuestran que, el pasado 26 de marzo, los trabajadores de la empresa participaron en las tareas de desinfección desarrolladas en las instalaciones de Caser Residencial, el geriátrico de la pedanía murciana de Santo Ángel que se convirtió en el principal foco de la Covid-19 en la Región.

Fuentes de la Consejería de Salud indicaron a LA VERDAD que, si bien el contrato de emergencia no se firmó hasta el 8 de mayo, hubo antes «una adjudicación verbal, amparada por el artículo 120 de la Ley de Contratos», que permitió el inicio de la prestación de los servicios. El mencionado artículo habilita a las administraciones públicas a desarrollar procedimientos excepcionales con el propósito de actuar con la mayor inmediatez ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro público o necesidades que afecten a la defensa nacional.

Otra cuestión es si Manuel Durán pudo haber vulnerado la Ley del Estatuto del Cargo Público. Esta señala, en su artículo 11, que los altos cargos de la Comunidad, durante los dos años siguientes a su cese, deben abstenerse de realizar «actividades privadas relacionadas con asuntos sobre los que hubieran adoptado decisión expresa en el ejercicio de su puesto», así como «la celebración de contratos de asistencia técnica, servicios o similares con la Administración regional o sus organismos públicos». Manuel Durán dejó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el 17 de mayo de 2017, si bien ese mismo día fue nombrado director general de Administración Local, donde se mantuvo hasta septiembre de 2019.

Fuentes de la Consejería de Salud justifican que la decisión de contratar a Offshore Special Services «obedece a su carácter especializado en emergencias (incluidas las ocasionadas por riesgos biológicos) y protección civil, así como su capacidad para la organización inmediata de operativos de información y comunicaciones, de apoyo logístico y de descontaminación de instalaciones». Además, destacan que se trata de una firma «integrada en el Teléfono Único de Emergencias 112, a través de la plataforma tecnológica ECHO II». El departamento que dirige Manuel Villegas asegura desconocer si la empresa tiene relación profesional con algún ex alto cargo autonómico, ya que el interlocutor de la mercantil con la Consejería de Salud fue otra persona.

Manuel Durán declaró ayer a este diario que no es propietario de la empresa Offshore Special Service «sino un asalariado más que no tiene un papel preponderante ni capacidad decisoria para contratar con la Administración». Sin embargo, en los últimos meses ha concedido entrevistas a medios de comunicación de la Región en las que ha dado la cara como responsable de la firma, junto a la administradora única, María Jesús Zamora.

Considera Durán que no incurre en incompatibilidad para el contrato de emergencia con la Comunidad al hacer ya tres años que cesó como director de Emergencias, pese a que siguió hasta 2019 en la Comunidad como director general de Administración Local. «Los políticos tenemos derecho a trabajar cuando abandonamos nuestras responsabilidades públicas», subrayó.

La empresa ya se vio envuelta en una polémica en San Javier, donde el Ayuntamiento le concedió el servicio municipal de emergencias. Esto generó protestas por parte de los bomberos.

Por otra parte, en la documentación remitida a la Asamblea Regional a solicitud de la diputada socialista Gloria Alarcón, el Gobierno regional informa de que firmó 18 contratos de emergencia por importe cercano a seis millones de euros entre el 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma, y el 15 de junio, una semana antes del inicio de la 'nueva normalidad'.

Además del acuerdo suscrito con OSS, el contrato más destacado fue el firmado con CBM Servicios Audiovisuales (del grupo Secuoya), por valor de 1,8 millones, para mantener el servicio de la televisión autonómica, una vez acabada la concesión administrativa y hasta que se resuelva el nuevo concurso público.