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Las desavenencias entre la Comunidad Autónoma y el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia han llegado a los tribunales, en este caso por las discrepancias sobre el procedimiento que se debe seguir en la contratación del personal del órgano que preside el magistrado Julián Pérez-Templado.
El último episodio de estos desencuentros ha sido la presentación de un contencioso administrativo por parte de la Comunidad Autónoma contra la resolución del presidente del Consejo de Transparencia en la que convoca la provisión de un puesto de asesor jurídico, cuya suspensión demandan los servicios jurídicos de la Comunidad como medida cautelar.
Pérez-Templado ha insertado un comunicado en la página web del Consejo dando publicidad al conflicto bajo el título «La Comunidad impugna las plazas del Consejo», y en el que informa de este último encontronazo con el fin de que los interesados puedan «comparecer y personarse en los autos», indica el presidente de la Transparencia.
La falta de acuerdo entre ambas partes sobre cómo y quién debe ser el encargado de seleccionar al personal del Consejo de Transparencia ha hecho que en la actualidad, cinco de los ocho puestos de la plantilla de este órgano estén vacantes.
Pérez-Templado se quejó hace unas semanas que «el Consejo a día de hoy dispone cada vez de menos personal para realizar las tareas encomendadas por la ley de Transparencia. Además, el Consejo tiene que estar impugnando ante los tribunales diversas convocatorias realizadas por la Consejería de Económica, Hacienda y Administración Digital, la cual intenta proveer los puestos de trabajo de la plantilla del Consejo de forma exclusiva por funcionarios procedentes de la Administración Regional, en lugar de empleados públicos procedentes de cualquier otra administración».
En el fondo, se trata de una lucha por la independencia y la autonomía del Consejo de Transparencia ante la Comunidad Autónoma, disputa que ya libró también el anterior y primer presidente del Consejo, José Molina.
«El hecho de que el Consejo únicamente estuviera servido por funcionarios de la Comunidad le restaría la neutralidad e independencia que debe presidir toda su actuación», indica Pérez-Templado en uno de sus comunicados en la web del órgano que preside.
La pugna por ganar y consolidar esa independencia es el motivo del conflicto que también enfrenta a ambas partes con respecto al registro de documentos propio que reclama el órgano de la Transparencia y que la Administración regional le niega.
El Consejo mantenía este lunes en un su página web un comunicado en el que se quejaba de que, «al día de la fecha, la Administración regional aún no ha realizado la interconexión del registro electrónico con la sede electrónica del Consejo de Transparencia. En el directorio común de organismos de la Región de Murcia, el Consejo sigue apareciendo como una entidad dependiente de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa de la Comunidad Autónoma».
De esta forma, todo aquel que presente una reclamación al Consejo debe hacerlo en los registros de la Comunidad, que es el blanco de la mayor parte de estas quejas y podría, al ser la primera que las recibe, retrasar su remisión al órgano de la Transparencia.
«Ha de tenerse en cuenta -agrega Pérez-Templado- que la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia que creó el Consejo, lo configuró como una entidad independiente, orgánica y funcional, para desarrollar su misión de controlar la transparencia de las entidades públicas de la Región de Murcia. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el carácter independiente del Consejo, (auto de 7 de abril de 2021), señalando que tiene personalidad jurídica. Y, desde luego, ha de disponer de la correspondiente autonomía, orgánica y funcional.
Para la directora general de Función Pública de la Comunidad Autónoma, Carmen María Zamora, en el conflicto con el Conejo de Transparencia por la provisión de una plaza de asesor jurídico no se decide la independencia y autonomía de este órgano, sino, simplemente, la legalidad o no de un procedimiento administrativo.
«En la ley de creación del Consejo de Transparencia -explica Zamora- no se menciona de forma expresa que su personal tenga un régimen especial y, al no decirse nada de eso, significa que debe estar sujeto al régimen general y a la ley la Función Pública, al igual que el área de administración y servicios de la Comunidad Autónoma». La directora de Función Pública recordó que el personal de que dispone el Consejo procede de la Administración regional, se cubrió con las reglas comunes y «está sometido a los mismos derechos y deberes que el resto de funcionarios».
Con respecto al caso del asesor jurídico que pretendía seleccionar el Consejo de Transparencia y cuya suspensión ha pedido la Comunidad Autónoma a través de un recurso contencioso administrativo, Zamora se muestra rotunda: «No tienen potestad para hacer eso porque no pueden hacer una gestión distinta a la que regula el resto de puestos de la Comunidad». Asegura que cualquier funcionario de la Administración regional, siempre que cumpla los requisitos que se exijan, tiene derecho a solicitar esa plaza y que el Consejo escoja al final entre los que se han presentado al concurso.
La directora general dice no entender por qué el Consejo, tal y como sostiene Pérez-Templado, no sería independiente si cubriera su plantilla con los funcionarios procedentes de la Comunidad, cuya profesionalidad y autonomía defendió.
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