La Comunidad se ahorra 350 millones en la larga batalla judicial por el aeropuerto

Las sentencias favorables a los intereses de la Comunidad Autónoma durante los largos años de litigios con Aeromur, la anterior concesionaria del aeropuerto de Corvera, han supuesto para las arcas regionales un ahorro de 350 millones de euros, según fuentes del Ejecutivo regional. La batalla judicial que se inició en el año 2010, y que el Gobierno murciano da prácticamente por finalizada, tuvo momentos críticos debido a las cuantiosas reclamaciones económicas de Aeromur, liderada por la constructora Sacyr, entre ellas el pago del aval de 182 millones de euros, y el reequilibrio de la concesión, por otros 160 millones.

De haber perdido alguno de estos dos recursos, el agujero para la hacienda regional habría sido considerable, con el añadido de que Sacyr podía haber recuperado el contrato de concesión, que ganó posteriormente Aena, preparada para abrir el aeropuerto el 15 de enero.

Aunque los tribunales le han dado la razón con la recuperación del dinero del aval, las arcas autonómicas, no obstante, llevan cinco años haciendo frente al pago del préstamo de 182 millones que asumió como fiador de Aeromur, precisamente para que la empresa pudiera finalizar las obras. Ese pago se seguirá realizando debido a las obligaciones contraídas por los bancos. El Ejecutivo regional trata de recuperar ese dinero por varias vías: con la liquidación que sigue pendiente entre ambas partes, junto a la sentencia que reconoce la obligación de reembolso de Aeromur; y con el canon que abonará la actual concesionaria Aena. En ambos casos, la Comunidad Autónoma cuenta con la propiedad de las instalaciones.

Desde que se inició el conflicto con Sacyr, que lideró el proyecto como accionista mayoritario, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y de la Consejería de Fomento han tenido que hacer frente a los 28 recursos contencioso administrativos presentados por Aeromur ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y el Tribunal Supremo. En todos los casos, los juristas de la Comunidad han ganado los litigios, con un ahorro de dinero público por valor de 350,3 millones de euros, a los que habrá que añadir los intereses legales y costas procesales.

Es probable que se abra otro capítulo en los tribunales, con nuevos recursos de Sacyr, cuando se entre en el proceso de liquidación, ya que el Gobierno regional piensa reclamar daños y perjuicios a la exconcesionaria por los años en los que no ha estado abierto el aeropuerto. Será difícil que las cuentas queden niveladas y que se alcance un acuerdo, ya que Sacyr también reclamará 50 millones de euros que puso la sociedad, y los gastos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones hasta que el Gobierno regional le rescindió el contrato.

La constructora que preside Manuel Manrique, que sucedió en el cargo al murciano Luis del Rivero, ha recurrido sistemáticamente todas las decisiones y órdenes del Gobierno regional y de la Consejería de Fomento desde el año 2010. «Los servicios jurídicos nunca dieron un paso atrás y tumbaron todas y cada una de las decisiones y reclamaciones iniciadas por la exconcesionaria Aeromur», señaló el Gobierno regional, que recalca que Aeromur ha sido condenada por no aportar la financiación necesaria para la construcción, así como por acumular retrasos en las obras, «además de judicializar y entorpecer el proceso de rescisión del contrato y obstaculizar el nuevo concurso de licitación y la puesta en marcha de las instalaciones», dijo.

La sentencia más importante, a juicio del Ejecutivo, llegó en septiembre de este año, y obligó a Aeromur a reembolsar el importe del aval de 182 millones. El consorcio interpuso primero un recurso de reposición para suspender esta obligación de reembolso a la Hacienda Pública Regional y, a continuación, otro recurso para solicitar el aplazamiento. Ambos fueron desestimados por los tribunales.

El mes siguiente llegó otra sentencia relevante, al desestimarse la solicitud de restablecimiento del reequilibrio económico, objeto de la resolución del contrato de concesión, por valor de 160,1 millones. Aeromur solicitó esta cantidad al Gobierno regional para poner en marcha el aeropuerto, argumentando que la crisis económica había trastocado el plan de negocio. Sostuvo que Corvera iba a abrir con pérdidas, y que tenía derecho al reequilibrio de la concesión. El tira y afloja tuvo como desenlace la rescisión del contrato, ya que el Ejecutivo se negó al reequilibrio porque el aeropuerto aún no estaba en funcionamiento.

Entre medias, los tribunales ratificaron también el acuerdo del Consejo de Gobierno que retiró la concesión a Aeromur. Asimismo, los jueces desestimaron el recurso de alzada contra la incautación de la fianza a Aeromur por parte de la Comunidad, que ascendía a 7 millones de euros. Esta fianza constituía la garantía definitiva que cualquier concesionario debe presentar para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar.

«La exconcesionaria interpuso todo tipo de recursos y trabas para impedir la toma de posesión de las instalaciones, tanto fue así que agotó toda la vía judicial hasta llegar al Tribunal Supremo, y boicoteó el nuevo concurso de licitación para impedir que se abriera el aeropuerto», apuntó el Gobierno.