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A pocas horas de la reunión donde debe acordar, hoy, con el Ministerio para la Transición Ecológica el reparto de inversiones del plan de 'vertido cero' al Mar Menor, el Gobierno regional acusó ayer a la Confederación Hidrográfica (CHS) de haber eludido sus responsabilidades en la supresión de regadíos ilegales en torno a la laguna.
La tramitación por parte del organismo de cuenca de expedientes sancionadores sobre 1.600 hectáreas situadas presuntamente fuera del perímetro legal de riego, desvelada por 'La Verdad', llevó ayer a la Consejería de Medio Ambiente a asegurar que ella devolverá parcelas a su estado original de secano o vegetación natural. De paso, mandó un recado a la CHS para que aplique hasta sus últimas consecuencias la Ley de Aguas y desmantele también fincas agrícolas. La Confederación, que depende del Ministerio, declinó responder.
«La Comunidad espera información de la CHS para iniciar los expedientes de reposición a su estado original de las parcelas, según el artículo 8 de la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Quien debe definir las parcelas que están fuera de perímetro del regadío legal, según la Ley de Aguas, es la Confederación», indicaron en la Consejería.
También agregaron que «la Comunidad va a actuar en cumplimiento de la normativa de medio natural, pero que no es una competencia exclusiva suya, sino que la CHS podría hacerlo». Es más, sostuvo Medio Ambiente, «debe iniciar los expedientes de restitución del daño infringido al dominio público hidráulico», en virtud de los artículos 118.1 y 116.3 de la Ley de Aguas.
Hasta ahora, concluyó, «la interpretación nunca se ha referido al restablecimiento de la superficie regable, sino al de las tomas u obras que hayan realizado en el dominio público hidráulico sin la correspondiente autorización o concesión».
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