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El día que se conocía el mayor aumento mensual del paro de la historia, la Región de Murcia perdía 31 millones de euros que debía destinar a las políticas activas de empleo, aquellas que se encargan de formar, orientar e informar a los desempleados. Demasiado golpe en una sola jornada para el mercado laboral regional.
Lo primero -el aumento del paro- se podía considerar inevitable con la sangría de negocios y empleos que está causando la actual crisis sanitaria. Lo segundo se debe a un severo tijeretazo del Ministerio de Trabajo a los fondos que le corresponden a las comunidades autónomas por cotizaciones de formación, de los que solo recibirán 1.048 millones en lugar de los 2.300 millones previstos.
El recorte le supondrá a la Comunidad Autónoma dejar de percibir 30.783.267,90 euros para los programas de formación profesional para el empleo, una cantidad que representa el 32% del presupuesto anual del Servicio de Empleo y Formación (SEF), el organismo regional encargado de la reinserción laboral de los parados.
La medida, que tiene por objeto hacer frente a las ayudas al desempleo por el coronavirus aprobadas por el Gobierno central, fue comunicada a las comunidades, sin haber mediado ni diálogo ni consulta previa, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del miércoles e inmediatamente desató el malestar de los consejeros de los gobiernos del PP y Ciudadanos.
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, acusó este jueves al Ministerio de Trabajo de «injerencia y menosprecio al papel que realizan las comunidades en el mantenimiento del empleo al eliminar prácticamente la posibilidad de poner en práctica políticas de empleo en su territorio».
Según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, la medida «nos deja sin políticas activas de empleo, por lo que será difícil mantener el empleo» cuando la pandemia del coronavirus remita.
Motas explicó que el recorte afectará a «todo lo que tiene que ver con la formación de personas que buscan empleo», que «son los que más apoyo necesitan».
El consejero informó de que el Gobierno regional, junto con los de otras comunidades autónomas, está estudiando la «validez legal» de esta decisión, ya que se trata de fondos a los que tienen derecho las regiones y que cuentan con un carácter finalista.
El Ministerio de Trabajo apeló este jueves a la crisis sanitaria para justificar esta medida y confió en que las autonomías entiendan que el país está atravesando una situación excepcional.
Esa compresión no la obtuvo del PP murciano, que calificó de «aprobación» el recorte del Ministerio y vaticinó que «creará más paro y mermará las posibilidades de formación de los desempleados», según indicó el vicesecretario de Comunicación popular, Joaquín Segado.
El PSRM, por contra, defendió al Gobierno central al indicar que «es el único que ha puesto dinero encima de la mesa para hacer frente a esta pandemia».
La consejera de Empresa e Industria y portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, reclamó ayer la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2020 lo antes posible para así disponer de los 110 millones de incremento del gasto que prevén y contar con más fondos para hacer frente a la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales. «El presupuesto que hemos elaborado es de guerra, diseñado en un escenario de déficit de financiación, no tenemos apenas margen de maniobra», indicó Martínez Vidal. El Presupuesto de 2020 estaba previsto que se aprobara en la Asamblea a finales de marzo, pero no fue posible ya que el estado de alarma obligó a suspender la actividad parlamentaria.
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