Juzgan a 5 activistas de la PAH por un presunto delito de coacciones en una sucursal de Bullas

Cerca de un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han presentado, a las puertas del juzgado de Mula al grito de 'Si se puede', para mostrar su apoyo a los cinco activistas, entre los que se encuentra el sacerdote Joaquín Sánchez, que se han sentado en el banquillo por un presunto delito de coacciones.

Esta vista está motivada por la denuncia que interpuso Cajamar a raíz de una protesta que los activistas llevaron a cabo en la oficina de Bullas exigiendo una condonación de una deuda para una vecina. En la protesta los denunciados se mantuvieron dentro de la oficina de Cajamar cuando esta cerraba las puertas al público a las 14.00 horas. En un principio la dirección de Cajamar se comprometió con la familia a clausurar la hipoteca con la dación en pago y que la familia abandonaría de inmediato y voluntariamente la vivienda. «La familia cumplió, pero Cajamar le comunicó que aún tenían una deuda de 70.000 euros», según ha dicho el portavoz de la PAH, Joaquín Sánchez. Después de unas intensas negociaciones Cajamar propuso que la familia pagara 7.000 euros de compensación, por lo que la PAH no aceptó, ya que consideraban que con la dación en pago era suficiente, «pues de la otra manera la familia seguiría apareciendo como morosa», señala Sánchez.

 Asimismo, el 'sacerdote antideshaucios' afirma que «en ningún momento intentamos molestar a nadie. Entendíamos que teníamos que esperar a que se llegara a un acuerdo para que la familia pudiera dejar la hipoteca con una dación en pago de la vivienda, para que pudieran reiniciar su vida con dignidad» , a lo que añade que «moralmente y por decencia, no podíamos dejar solos a esta pobre familia, teníamos que acompañarles en su dolor y sufrimiento, y que más allá de la ley está el hacer el bien al prójimo, por lo que nos mantuvimos en la oficina bancaria».

El fiscal ha pedido para cada uno de los denunciados el pago de una multa de 3 euros diarios durante un mes. Sin embargo la defensa pide la absolución por considerar que nunca incumplieron la ley ni usurparon la oficina bancaria.