Escudero niega que impidiera al PP el derecho a la información

El exalcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero (1991-2006), negó en la mañana de este lunes, en la sección quinta de la Audiencia Provincial, haber dado órdenes a los funcionarios del Ayuntamiento para bloquear el derecho a la información a la oposición, el Partido Popular.

En su declaración ante el tribunal, que tiene su sede en Cartagena, Escudero aseguró que en algunas ocasiones ejerció el derecho al silencio administrativo positivo, lo que suponía que la oposición podía dirigirse a los servicios municipales par obtener documentación que le haían pedido previamente.

Sin embargo, el exprimer edil, para el que la Fiscalía pide 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico por un delito contra los derechos cívicos, indicó que los populares nunca solicitaron esa documentación.

Escudero, quien después de su paso por el Ayuntamiento fue diputado regional por el PSOE, expresó su impresión de que el PP renunció de manera expresa a pedir esa información para "construir poco a poco una acusación" y sentarle en el banquillo.

En su defensa, el exalcalde del municipio marmenorense, indicó que entre los años 2000 y 2006 respondió a 43 peticiones de información del PP y que, de las 23 cuestiones que se examinan en el juicio, varias de ellas fueron atendidas y otras se refieren a cuestiones que no son competencia municipal.

El abogado de la defensa, Aurelio Llanos, solicitó la libre absolución de Escudero, que tendrá que regresar a la Audiencia el próximo jueves para la segunda y última sesión de la vista oral. Y l

La acusación particular, que ejerce del PP a través del abogado José Antonio Izquierdo, elevó la petición de la Fiscalía a 10 años de inhabilitación especial para Escudero y el pago de las costas por un delito continuado. En concreto, ejercen la acusación el actual alcalde, Anastasio Bastida, la exportavoz del PP María del Carmen Vigueras y el exedil Juan José Otón.

Estos tres políticos declararon como testigos este lunes, y en el caso de Vigueras admitió que su grupo no se dirigió en ningún momento a la Secretaría para obtener documentos necesarios para las votaciones informativas y en el Pleno porque ella no era "consciente" de que regía el silencio administrativo positivo.

Asimismo, indicó que el PP recurió a la vía penal contra Escudero y no a la vía contencioso-administrativa porque así lo indicaron los servicios jurídicos de su partido, pero insistió en que, durante su etapa de edil, que constó de 12 años, vio bloqueada de manera sistemática el acceso a la información y que incluso los funcionarios les insinuaron que no aparecieran por las oficinas. Vigueras indicó también que los populares expresaron su queja en plenos y comisiones, aunque dijo no recordar en qué fechas y por qué motivos.

Según Vigueras, estos problemas para disponer de los expedientes dificultaron el control del equipo de gobierno socialista en asuntos como la operación Malaya y la operación Ninette, en los que se vio salpicado Escudero por presunta corrupción urbanística.

Anastasio Bastida y Juan José Otón indicaron que las peticiones eran una responsabilidad de la portavoz del grupo y aseguraron que sí conocía que regía el silencio administrativo positivo, pero alegaron desconocer por qué no se pidió la documentación transcurridos los cinco días sin respuesta.

El Tribunal admitió como prueba documental, a la espera de valorarla, un informe de la Agencia Tributaria relativo a Escudero y sostuvo que Escudero actuó con el ánimo de ocultar datos, como los vínculos del hermano del arquitecto municipal con empresas que habían suscrito convenios con el Ayuntamiento y operaciones como el pago de 1,5 millones de euros a una sociedad que también tenía intereses inmobiliarios en el municipio.

El fallecimiento del que era secretario municipal, Diego Sáchez, impidió que fuera sometido a interrogatorio, pero la Fiscalía leerá la declaración que este funcionario realizó ante el juez de instrucción.

En todo caso, una trabajadora de la Secretaría, Josefa María Nicolás, afirmó que "nunca recibió una instrucción concreta de nadie en particular" para negar información a la oposición. También desmintió a los concejales del PP al asegurar que, en ocasiones, estos eran recibidos por el secretario en su propio despacho y explicó que a veces no se respondía a las solicitudes "porque el plazo era muy limitado", pero que los funcionarios siempre se rigieron por la normativa vigente.

La Fiscalía ,en sus conclusiones provisionales, considera que el acusado actuó con un claro ánimo de obstaculizar el libre ejercicio de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, bien directamente o por sus representantes, reconocido en la Constitución. Puso como ejemplos que les negaron informes sobre temas urbanísticos, bolsas de trabajo, licencias de obras, convenios y otros temas.