El Ayuntamiento tendrá que devolver 847.729 euros de un convenio fallido

Es la primera, pero presumiblemente no será la última sentencia que estalle en la línea de flotación de la hacienda municipal a consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia obliga al Ayuntamiento a reintegrar a la promotora Mediterráneo Golf Resort -perteneciente al promotor Facundo Armero-, los 847.729 euros que en 2006 adelantó la firma a cuenta de un convenio urbanístico que afectaba a terrenos ubicados en la pedanía de Los Cánovas.

En aquel entonces, Mediterráneo Golf Resort formaba parte del grupo Polaris World, y previó este plan parcial, de casi 3 millones de metros cuadrados, para la ampliación del complejo Condado de Alhama. Tras la separación de los principales socios de Polaris, Pedro García Meroño y Facundo Armero, dicha sociedad quedó en manos de éste último.

El TSJ ha ordenado la devolución del dinero, al quedar en evidencia que el Ayuntamiento no ha desarrollado los instrumentos de planificación que hicieran posible la recalificación de los terrenos «y el otorgamiento de licencias para la construcción de las 4.200 viviendas previstas».

Un portavoz municipal aseguró que la sentencia va a ser recurrida al entender que el objeto del convenio, «que es un desarrollo urbanístico no sujeto a caducidad, todavía puede llevarse a cabo a favor de los intereses municipales». En el caso que se complete la tramitación, la mercantil debería abonar al Consistorio otros 2,5 millones de euros.

Entre los años 2006 y 2007, el Ayuntamiento de Fuente Álamo percibió 12 millones de euros a cuenta de trece convenios urbanísticos que afectaban a un total de 18 millones de metros cuadrados. Sin embargo, la mayoría ha pedido la devolución de este dinero a cuenta, puesto que el Consistorio no ha avanzado en su tramitación durante los últimos años. De momento, al menos dos sociedades más han acudido al juzgado para reclamar el reintegro, una vez agotada la vía administrativa. De los trece convenios, sólo dos han avanzado en los trámites, pero en ningún caso el suelo está recalificado para comenzar a construir.

«Situación dramática»

Los convenios establecían pagos fraccionados en cuatro plazos. El primero se llevaba a cabo a la firma del convenio, mientras el segundo se hacía efectivo con la aprobación provisional de la recalificación urbanística. Los dos últimos pagos se efectuaban con las aprobaciones inicial y definitiva.

El portavoz municipal socialista, Antonio Jesús García Conesa, señaló al conocer la sentencia que «la situación puede volverse dramática en un municipio que ya está de por sí muy endeudado». García Conesa añade que fue «un disparate y una actitud irresponsable de la alcaldesa gastar ese dinero en no se sabe qué, en lugar de rebajar la deuda municipal&rdquo.

El concejal critica también las elevadas expectativas de los convenios, que de haberse llevado a cabo hubieran cuatriplicado la población (16.338 habitantes) del municipio.