Urbanismo de Murcia buscará soluciones «imaginativas» para legalizar la situación de La Ladera

Guerrero se reunió el lunes con los representantes legales de una parte de los vecinos afectados (260), y durante el encuentro se comprometió a estudiar «a fondo y bien» toda la documentación que le aportaron y a buscar una solución. «Hay dos posturas divergentes, la de los vecinos y la del Ayuntamiento, y mi intención es que si no hallamos una salida en esta legislatura, por lo menos podamos dejar el camino preparado para que se consiga después», apuntó a LA VERDAD.

Todos los vecinos están intentando que el Ayuntamiento de Murcia les devuelva los avales (más 1,5 millones de euros en el caso de uno de los sectores) que les tiene retenidos porque, según Urbanismo, no se han cumplido todas las obligaciones de urbanización que adquirieron al firmar la compra; incluso carecen de licencia de primera ocupación.

Hasta cuatro denuncias han interpuesto en el Contencioso-Administrativo y aunque ya hay una sentencia judicial en la que se obliga al Ayuntamiento a que se les entregue estas licencias de primera ocupación o cédula de habitabilidad, hasta la fecha no lo ha hecho, explicó uno de los vecinos afectados.

Abogado de profesión, el concejal Guerrero echó mano de un símil sanitario para definir lo que se había encontrado: «La gestión de este asunto empezó mal, lo han dejado que se enquiste y que se convierta en un tumor, y ahora nos toca a nosotros ejercer de cirujanos, intervenir con sumo cuidado y buscar una solución sin que se nos muera el paciente, porque no es nada fácil». El edil socialista, sin embargo, se congratuló de que no tenga «ninguna mochila» a la hora de afrontarlo y ver posibles responsabilidades, en referencia a que es un asunto que comenzó con el Partido Popular en el poder (desde que en el año 1996 se puso en marcha el plan parcial para urbanizar esta parte de la zona norte del municipio).

«Tengo toda la documentación encima de la mesa y hay que verla con calma sin dar por supuesto nada», insistió, y reconoció que se habían dado en estos años pasados algunas irregularidades «que habrá que determinar por qué se han producido». Una de ellas es la denunciada por la abogada de la extinta mercantil Promociones Náuticas y Terrestres SL, que compró una parcela a la cooperativa matriz La Ladera, «libre de cargas y y con todos los gastos de urbanización pagados» y tras dividirla en dos, vendió una parte a otra promotora.

Esta última, Tabiques Regulares SL, también extinta, logró hace unos años que el Ayuntamiento les devolviera los avales. Náuticas y Terrestres sigue esperando y amenaza con una denuncia por lo Penal por prevaricación. En su caso, tienen retenidos avales por importe de casi 76.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento ya ha ejecutado un 30% para obras que, según los afectados, no corresponden a lo que debían cubrir (desperfectos en aceras, farolas, etc, durante la construcción de las viviendas).

Otras de las cuestiones que llama la atención, según los representantes legales de algunos de los afectados, es que en su día, el Ayuntamiento devolviera los avales a la promotora matriz, la sociedad cooperativa La Ladera, que fue la que adquirió todos los terrenos que eran propiedad de Carolina Codorníu. Ellos fueron los que adquirieron el compromiso de llevar a cabo las obras que la Concejalía de Urbanismo lleva reclamando todos estos años a los vecinos que compraron un solar para edificar o la vivienda ya levantada.

Los representantes de los 260 vecinos que se reunieron con el concejal consideraron que estaban en el camino de lograr un acuerdo, y que entre sus propuestas figuran que se den por buenas las ejecuciones de los avales realizadas (a la fecha, un tercio del total). De esta forma, «el Ayuntamiento podría acometer una serie de obras en la zona con el dinero que ya ha ejecutado, los vecinos podrían recuperar parte de sus avales y disolver las sociedades cooperativas a las que pertenecen (con la recepción de las obras), y la urbanización pasaría a una figura de entidad de conservación», explicaron. Así, el Ayuntamiento «no tendría, de momento, que acometer la conservación de jardines ni desembolso alguno, dando viabilidad a una solución en un amparo de legalidad».