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Ferney Lozano, trabajador y superviviente del incendio que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en la zona de Atalayas, en Murcia, declaró este jueves como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que instruye el caso. Ferney, quien también era pareja de Olga Lucrecia, conocida como Lula, una de las 13 víctimas mortales de la tragedia ocurrida el 1 de octubre de 2023, ratificó la falta de medidas de seguridad en el establecimiento.
Junto a él, también testificó una amiga de la pareja y clienta habitual de Fonda Milagros, quien confirmó que tanto Ferney como Lula estaban trabajando sin estar dados de alta la noche del incendio. Sin embargo, un tercer testigo citado no compareció al no haber podido ser localizado. Rosa Egea, abogada de Ferney Lozano y de los familiares de ‘Lula’, fallecida en la tragedia de Atalayas, señaló que la proposición de los testigos persigue ampliar la instrucción abierta por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente a otro delito contra los derechos de los trabajadores, «ya que ni Ferney, ni Lula ni otros empleados que estaban esa noche en la sala tenían contrato laboral».
Antes de entrar a los juzgados, Ferney Lozano relató el caos y la angustia que vivió aquella noche. «Hubo pánico, mucho terror. Intenté ayudar a evacuar, pero la acumulación de gente y la falta de salidas seguras hicieron imposible que pudieran escapar del fuego».
Explicó que la explosión cortó la luz y el humo negro impidió ver nada. «Utilicé la linterna de mi teléfono y así guie a las personas hacia la salida, pero la estrechez de la escalera de caracol colapsó la evacuación. Espero que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar», añadió Ferney, quien confirmó a preguntas de la jueza que no existía ninguna salida de emergencia, y que las puertas que comunicaban ambos locales permanecían cerradas. Además, aseguró que ni él ni sus compañeros recibieron formación alguna en evacuación ni participaron en simulacros de incendio.
El abogado José Manuel Muñoz, representante de dos familias de víctimas mortales, subrayó tras las declaraciones que «se han acreditado dos aspectos esenciales en la causa. La existencia de una relación laboral de varias personas sin contrato y el incumplimiento de las medidas de seguridad. Se confirma que en cada evento acudían entre 400 y 500 personas sin las medidas adecuadas para garantizar su evacuación en caso de emergencia».
Por su parte, Francisco Javier Verdú López, abogado del gerente de Fonda Milagros, cuestionó la relevancia de las declaraciones, argumentando que el proceso debe centrarse en la responsabilidad por homicidio imprudente y no en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, la jueza decidió continuar con los testimonios, al considerar que aportan información en el procedimiento, tal y como confirmó el propio letrado.
Por otro lado, las peticiones de los abogados de algunos familiares de las víctimas para que se investigue el papel del Ayuntamiento de Murcia, concejales y técnicos municipales, en la licencia de apertura de las discotecas siguen por ahora sin respuesta, a la espera de evaluar los recursos presentados, según informó la abogada Rosa Egea. No obstante, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ya descartó el mes pasado la petición de una de las acusaciones particulares, la del letrado José Manuel Muñoz, para que fuesen citados como investigados varios responsables municipales. «Habiéndose descartado por ahora que la actuación administrativa tuviera una relación causal con el incendio», argumentó la magistrada.
La jueza, concretamente, dio carpetazo a la solicitud de esa parte para que fueran investigados el jefe del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe del servicio de Prevención de Incendios y la jefa de la sección de Disciplina —que instruyó expedientes por falta de licencias a Fonda Milagros—, entre otros.
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