Suspenden la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Murcia desde 2015 a 2020

«Realmente, llevamos alrededor de una década sin que se celebren oposiciones ni procesos selectivos de importancia -en cuanto al número de plazas y aspirantes- en el Ayuntamiento, quitando los de Policía Local y Bomberos». Este es el panorama en cuanto al estado de la plantilla municipal que describía Francisco Javier Illán, secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Consistorio de Murcia y que bebe, en buena parte, de los coletazos de la crisis del ladrillo, agravada por las restricciones pandémicas. Y parece ser que esta sequía no va a tener fin en el corto plazo, aumentando la incertidumbre actual de más de un aspirante. Porque la Junta de Gobierno aprobó este viernes la suspensión temporal (hasta el 1 de junio de este año, como máximo) de los procesos selectivos derivados de las convocatorias de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 que no hayan iniciado fase de oposición, y que incluyen un total de 802 plazas.

El motivo no es otro que la necesidad de clarificar en qué medida afecta a estos procesos la aprobación definitiva de la Ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta norma, impulsada a Instancias de la Unión Europea, establece por un lado que las Administraciones Públicas deberán ofertar, precisamente antes del 1 de junio de 2022, las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas, y lo hayan estado ininterrumpidamente durante tres años. Estas deberán otorgarse, antes de 2025, por concurso-oposición, con un peso del 40% de la experiencia. Por otra parte, la norma señala que las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera interrumpida desde el 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de méritos -es decir, sin examen-.

Según fuentes del Ayuntamiento de Murcia, alrededor de 1.450 empleados municipales o son interinos o personal laboral, lo que deja la tasa de temporalidad de la Administración Local en el 49%, ya que esta cuenta con unos 3.000 trabajadores. El Consistorio tiene ahora por delante una doble tarea, según explica Illán: la primera es determinar cuántas de esas 1.450 vacantes cumplen con los criterios y deben sacarse a concurso-oposición para dejar la tasa de temporalidad, como máximo, en el 8%. La segunda es determinar cuál será la fórmula para cubrirlas, ya que en dicho proceso hay que tener en cuenta, precisamente, las 802 plazas que se encuentran convocadas desde 2015 y pendientes de entrar en la fase de oposición.

Esta circunstancia complica más aún la operación y la convierte en una especie de sudoku a resolver por el gobierno de La Glorieta. Porque, según explica Manuel Martínez, del Sindicato de Empleados Públicos (SIME), el decreto-ley aprobado inicialmente en julio establecía, de manera expresa, que la norma no tendría carácter retroactivo en relación a los procesos ya convocados, pero esta circunstancia cambió en diciembre, tras su tramitación como proyecto de ley. Así, la referencia directa fue eliminada, por lo que «se podría apelar a la retroactividad de una norma favorable para el trabajador público interino, que a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, puede estar años sin que se le dé estabilidad», según defiende Martínez, que no descarta, en caso contrario, que se produzcan impugnaciones.

De esta manera, y ante la indefinición de la ley, se están recabando los informes jurídicos necesarios para clarificar esta situación, ya que podría ser posible tener que incluir todas esas plazas en una nueva oferta pero con diferentes bases. «No obstante, al final todo se va a reducir a una decisión política», valora Martínez, que refrendó la suspensión, junto al resto de representantes sindicales en la Mesa de Negociación.

Sin embargo, Martínez señala que esta decisión es más teórica que práctica, ya que las OPE ya aprobadas contemplaban un proceso de concurso-oposición que favorecía, claramente, la consolidación del empleo de los interinos. «En los últimos años, y dentro de los pocos procesos consumados, ha sido muy raro el acceso a una plaza de funcionario a alguien ajeno al Ayuntamiento de Murcia», matiza Illán.

Por otra parte, es posible que la mayor parte de las 672 plazas pendientes de la OPE de 2015 deban otorgarse por concurso, ya que pueden encontrarse ocupadas más de cinco años por la misma persona. «Lo bueno de todo este proceso es que se va a acabar con la pelota de temporalidad y a partir de aquí, aparecerán oposiciones con un carácter libre para la gente externa», zanja Illán. El Consistorio se ha dado de plazo hasta junio, pero quiere tenerlo todo resuelto en el plazo de un mes.

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