La reposición del escudo del Molino Oliver de Murcia cierra una odisea legal de casi tres lustros

Trece años hace ya de la demolición ilegal del casal de este histórico artefacto hidráulico, que data del siglo XVIII. El entonces presidente de la Junta de Hacendados de la huerta de Murcia, Sigifredo Hernández, ordenó su derribo «a petición de los vecinos». «Las bardomeras en el pantano estaban dañando las viviendas de los alrededores», alegó entonces Hernández para acometer unos trabajos para los que carecía de licencia y, lo que es más importante, que afectaban a un Bien de Interés Cultural (BIC): el emblema heráldico de la familia López-Oliver, protegido como el resto de escudos de armas de España en virtud de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico. Esta actuación 'por las bravas', que se ordenó paralizar en su momento, trajo sus consecuencias y responsabilidades legales. En primer lugar, las personales: una condena penal de 900 euros de multa en 2014 por un delito contra el patrimonio histórico tras la destrucción del citado BIC, a la que se sumaba la obligación de sufragar la restauración del susodicho blasón. Tres mil euros costaron los trabajos de recuperación del emblema, custodiado en estos momentos en el Museo Arqueológico de Murcia hasta su retorno a su punto de origen.

Porque esa es la segunda consecuencia legal que trajo consigo el 'molinicidio': la orden de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia de 2010, dirigida a la Junta de Hacendados, para el restablecimiento del demolido casal aljucereño, un mandato cuya necesidad de cumplimiento fue recordada por la Corporación en 2017. «El edificio, de mampostería de piedra y materiales pobres, se encontraba abandonado y degradado y no gozaba de ningún nivel de protección», explica Enrique de Andrés, responsable de Arquitectura de Barrio junto a Coral Marín, puntualizando que «si se hubiera pedido la licencia correspondiente y se hubieran adoptado las medidas para conservar el escudo, no hubiera habido mayor problema que las protestas ciudadanas». «Incluso se podría haber llevado a cabo una regularización a posteriori de dicha demolición», asegura De Andrés. Pero la incoación del expediente para declarar BIC las acequias mayores Aljufía y Alquibla o Barreras trajo consigo la necesaria catalogación de todos los elementos de ingeniería hidráulica que las jalonan, incluidos los propios molinos. La conservación es ahora la única opción.

Ya en 2018, este estudio de arquitectura, de la mano de la Junta de Hacendados y del propio Consistorio, elaboró un proyecto de adecuación de un entorno en el que nacen hasta cuatro acequias y que fue otrora el centro neurálgico de Aljucer. No tenía sentido recuperar el casal, pero sí su silueta en el paisaje, a modo de pérgola, reproduciendo además la existencia de los tajamares (división de los distintos canales) y permitiendo el acceso de los vecinos a un reforestado quijero de la margen izquierda. Un mirador, así como la recuperación del pantano cegado, completaban una actuación que sigue en el cajón y que no se tiene claro que se vaya a ejecutar finalmente. Y es que la Dirección General de Bienes Culturales exigió posteriormente la realización de un estudio arqueológico previo.

Este estudio, sufragado por los huertanos, es precisamente el que se va a acometer durante el próximo mes. La intención es determinar qué hay y qué es lo que se debe conservar del molino original, dedicado a la molienda del pimentón. Claro está que los mecanismos como las ruedas y las compuertas, totalmente operativos, deben ser preservados. Podrían ser demolidos los forjados, conservando lo que queda de los muros, algunos en pie y otros con arranques que apenas llegan al metro. Los trabajos culminarán, de manera 'light', en los próximos meses con la construcción de un muro en el que reubicar el escudo de la discordia, para cumplir el mandato legal. «Nos gustaría, además, incorporar cartelería y señalética que explique qué es este espacio y para qué sirve y cómo funcionan sus mecanismos básicos», añade De Andrés.

A partir de ahí, el arquitecto cree que lo que procedería es abrir un proceso participativo a los vecinos y las asociaciones conservacionistas para decidir definitivamente cómo se quiere recuperar este espacio de la huerta. Esa es la línea por la que el Ayuntamiento apuesta en estos momentos. Se cierra un círculo; se abre otro.