El proceso contra el chalé «ilegal» de El Valle, en vía muerta

La situación los llevó en su momento a denunciar el caso ante los responsables municipales de Urbanismo, que confirmaban a LA VERDAD que se estaba produciendo una vulneración del PGOU, ya que las obras se estaban desarrollando conforme a un título habilitante que no se ajustaba al proyecto desarrollado. Sin embargo y pese a lo que uno podría esperar, ni siquiera el Ayuntamiento fue entonces capaz de paralizar unos trabajos que culminaron con la finalización del inmueble, que quedó listo para entrar a vivir.

De hecho, después de que el propietario ignorara intentos de notificación y una orden de precinto, la Concejalía competente optó por llevar el caso a la Justicia. Dado que se trataba de una parcela urbanizable, lo que excluye la investigación por un presunto delito contra la ordenación del territorio, el Consistorio decidió denunciar al dueño por un supuesto delito de desobediencia. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía confirman a LA VERDAD que no basta con un único requerimiento para que un procedimiento de este tipo prospere, ya que la conducta desobediente debe poder ser considerada como «grave» para su persecución.

Por ello, señala el Ministerio Público, el Ayuntamiento debería cursar nuevos requerimientos contra el supuesto infractor y reiterar la denuncia. Señalan no obstante las mismas fuentes que, en principio, no existe ningún impedimento para que Urbanismo continúe con la tramitación del correspondiente expediente administrativo, tendente a la imposición de una posible sanción y a la restitución de la legalidad urbanística, que podría pasar, concluido el proceso, por la demolición del exceso de edificabilidad.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento y pese a lo indicado por la Fiscalía y a la nula viabilidad de la denuncia penal tal y como ha sido presentada, señalan que «el proceso penal en marcha suspende al administrativo y que esperarán al cierre de la vía penal para seguir con el expediente». Y mientras, los vecinos, que contemplan un procedimiento en vía muerta, temen una legalización de la obra por la puerta de atrás ante la «tibia» respuesta municipal.