Sin nuevas iniciativas en los servicios sociales de Murcia por el agujero presupuestario

«Ha habido que hacer un reajuste presupuestario por la situación tan complicada a nivel de Ayuntamiento, heredada de la anterior Corporación, pero se ha respetado el área social y las modificaciones que hemos tenido hacer a nivel interno en Servicios Sociales y Salud no va a perjudicar a nuestras entidades del tercer sector», señalaba ayer, a preguntas de LA VERDAD, la concejala del ramo, Pilar Torres, durante la presentación de la memoria de la Concejalía relativa a 2023.

De hecho, la edil señaló que muchas de estas entidades sociales «han tenido que hacer un reintegro porque no han podido justificar la totalidad de la subvención que se les había entregado, por lo que se ha ajustado al máximo para dar continuidad a la mayoría de los programas, acuerdos, compromisos y proyectos que se venían desarrollando». No obstante, Torres reconoció que la situación económica actual no permite «poner en marcha nuevas iniciativas», algo que ha quedado patente con el cierre del centro de reducción de daños de Jesús Abandonado, que ha tenido que cerrar sus puertas, con apenas unos meses de funcionamiento, al no encontrar el apoyo económico que esperaba.

Por lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por la Concejalía durante el año pasado, su memoria de actividad recoge que los Servicios Sociales atendieron en 2023 a más de 70.000 personas en el municipio, pertenecientes a 23.131 familias, y se registraron un total de 26.730 expedientes. «Hay una tendencia al alza en la atención que prestamos», remarcó la edil. El perfil de las personas usuarias corresponde al de una mujer, de nacionalidad española, de entre 30 y 65 años, ya que las féminas representan casi el 60%, mientras que los menores de 18 años son casi uno de cada cuatro.

Un 39% de los atendidos buscaban información para acceder a estos recursos, mientras que un porcentaje similar mostraba falta de medios económicos para cubrir las necesidades más básicas. Un 11% referían un desajuste en la convivencia familiar y otro 11% tenía problemas de integración social. Torres destacó, además, que se subvencionó a 36 entidades sociales, 21 por convocatoria pública y 15 de forma nominal.