Los principales acusados de la 'tragedia de Atalayas' no responden sobre la presunta falta de seguridad de sus trabajadores

La magistrada que instruye el 'caso Atalayas' ha iniciado una nueva fase en la investigación del trágico incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia, en el que fallecieron 13 personas, pero ha tropezado con el silencio. La jueza citó este martes a los cuatro responsables de estos locales tras ampliar su imputación, incluyendo un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La instructora quería escuchar su parecer sobre esta acusación, pero todos ellos, según confirmaron fuentes judiciales, se acogieron a su derecho a no declarar.

La magistrada había llamado a declarar en esta jornada previa a las vacaciones de Semana Santa a Eva Martínez y Juan Inglés Rojo, supuestos responsables de Teatre –defendidos por el abogado José María Caballero–; Marco Martínez, exgerente y arrendador de este local –representado por el letrado Evaristo Llanos–; y el gerente de Fonda Milagros, Daniel Ramírez. No era la primera vez que estos cuatro acusados desfilaban ante la jueza. Ya lo hicieron hace meses echando balones fuera y arrojándose unos a otros la responsabilidad de la tragedia.

En esta ocasión todos ellos optaron por no abrir la boca y acogerse a su derecho a no declarar. Los abogados Francisco Adán y Francisco Javier Verdú, que representan al propietario de Fonda Milagros, explicaron que tienen previsto solicitar la declaración de varios trabajadores antes de que su cliente preste su testimonio sobre este asunto. Esta parte sostiene que, en su momento, se aportó documentación que acreditaba que todos los trabajadores de Fonda Milagros habían recibido formación adecuada en prevención de riesgos laborales.

La abogada Rosa Egea, que resenta a alguna de las víctimas de la tragedia, sostuvo por su parte que una de las fallecidas se encontraba trabajando en situación irregular aquella noche. Hizo hincapié, además, en que está sobradamente acreditada la falta de medidas de seguridad de los locales.

La ampliación de los cargos contra los cuatro principales investigados se produjo precisamente hace unas semanas, después de que la magistrada escuchara en declaración a varios trabajadores y clientes de ambas discotecas, que resaltaron la ausencia de medidas de seguridad, como luces de emergencias o sistemas de detección, como aspersores, en los locales de ocio. Además, estos testigos también habrían aludido a la falta de formación.

El abogado José Manuel Muñoz volvió a insistir, por su parte, en la pertinencia de depurar las posibles responsabilidades municipales existentes en este caso: «La Administración tenía que haber tenido el celo necesario para ver que eso era una ratonera».

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• Tragedia en las discotecas de Atalayas de Murcia