El miedo a una condena lleva al Ayuntamiento de Murcia a seguir adelante con sus planes antirruido

En un encuentro con periodistas organizado esta semana por el Ayuntamiento se entregó un dosier de 20 páginas con este título: 'Noticias sobre condenas a políticos por no actuar ante el ruido'. En el documento aparece una relación de sentencias contra cargos públicos por un delito de prevaricación continuada al considerar que no pusieron remedio a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones.

Una de ellas fue la condena contra la alcaldesa de Pliego en 2014, Isabel Toledo Gómez, y su predecesor, Juan Guillén, a 9 años de inhabilitación por no atajar las molestias ocasionadas por un local, cuyos dueños fueron condenados por un delito contra el medio ambiente en concurso ideal con un delito de lesiones a dos años y seis meses de prisión, multa de 4.800 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con cafetería o local abierto al público con música durante dos años y un día. La exalcaldesa de Pliego volvió a ser condenada el pasado mes de abril a 7 años de inhabilitación por prevaricar al permitir los ruidos de otro pub por un delito continuado de omisión ante las denuncias de dos vecinos, en una sentencia acordada con las partes.

El gobierno de Ballesta tiene la mosca detrás de la oreja por las consecuencias que puede acarrear la denuncia por la vía penal formulada por los vecinos del edificio Greco, en la calle Pérez Casas Nº 1, por un presunto delito contra el medio ambiente y las molestias ocasionadas durante años por la permisividad de la Administración en la concesión de licencias para la apertura de locales y terrazas. El caso sigue en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, pendiente de lo que pase con la exconcejal de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que es aforada dada su condición de miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por este caso ya declararon en calidad de investigados los exconcejales Ana Martínez Vidal (Calidad Urbana) y Juan Antonio Bernabé (Urbanismo), así como la funcionaria responsable del servicio administrativo de Actividades y Disciplina Medioambiental.

Pero la lista de políticos condenados es larga. En Madrid incluso la Guardia Civil ha cerrando locales por exceso de ruido a través del Seprona. El delito de contaminación acústica y de lesiones ha llevado a alcaldes a ser imputados y condenados por prevaricación por omisión y a los dueños de los locales por un delito contra el medio ambiente. La Fiscalía reclamó para el alcalde de Getaria y su predecesor nueve años de inhabilitación para cargo público por tolerar los ruidos de un bar.

El Supremo condenó a un año y medio de prisión e inhabilitación al alcalde de Vila-Real por pasividad ante el ruido de una industria contaminante de pavimentos. En Cáceres hubo penas de prisión para trece acusados por el ruido de la zona de copas La Madrila, entre ellos la exalcaldesa y los dueños de nueve locales tras cinco años de molestias con efectos en sus vidas familiar, laboral y social. Los empresarios, en este caso, fueron inhabilitados para ejercer un año la actividad profesional en cafeterías, pubs, bares, discotecas, salas de fiesta y bares musicales.

En enero pasado trascendió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a condenar a España por el ruido nocturno en bares de copas y terrazas de Valencia. Un vecino de 87 años llevaba décadas intentando que se cumpliese la normativa, y la Corte de Estrasburgo consideró que se violó su derecho a la vida privada y familiar, incluido en la Convención Europea de Derechos Humanos, siendo el demandante indemnizado (13.000 euros).

La retahíla de casos, según expone el concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, obliga al Ayuntamiento a no descuidarse en sus funciones y a cumplir taxativamente la ley, sobre todo cuando el legislador otorga máximo rango a esos delitos.

Navarro recuerda que la ordenanza de 2014 de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, en su disposición final primera, estableció el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la normativa para la elaboración de mapas de ruido de ocio de las zonas de Especial Protección Medioambiental de la anterior ordenanza de ruidos, así como de aquellas en las que se detecten problemas por esta causa. Además, se debían elaborar Planes Zonales Específicos, y se establecía la obligación de tramitar la declaración de nuevas Zonas de Protección Acústica Especial del municipio, o bien la modificación de las ya existentes. Este mismo año, en febrero de 2018, el Ayuntamiento aprobó de forma inicial la declaración de tres Zonas de Especial Protección Acústica: Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan; y San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores. Esta declaración ha puesto de uñas a la patronal del sector, la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo (Hostemur), que teme un 'persianazo' si se llevan a efecto las nuevas limitaciones a los negocios y pide un nuevo estudio del mapa de ruido «con todas las garantías», así como la actualización de las ordenanzas, la agilización en la concesión de licencias, criterios no restrictivos para el aforo de los locales y eliminación de limitaciones injustificadas en calles de 7 metros. Hostemur acusa al Ayuntamiento de «abuso de poder y actitud autoritaria» y gritará hoy «basta ya» reclamando un marco jurídico «legal, viable y estable que nos asegure un futuro para poder trabajar con dignidad y dentro de la legalidad», reclamó ayer Jesús Jiménez, presidente de la patronal, en una nota.