Las grúas toman Juan de Borbón en Murcia, convertido en el principal «refugio» para los promotores

Este todavía incipiente furor constructor llega tras despejarse el camino de penurias atravesado por el sector desde el inicio de la llamada 'crisis del ladrillo'. Una década tardó este en depurar los excesos urbanísticos de la década de los 2000 antes volver a ponerse en marcha, con el resurgimiento de la demanda y la tímida vuelta del crédito. Sin embargo, la pandemia primero y los mapas de inundabilidad después frenaron el crecimiento de esta actividad, que vuelve a intentar coger vuelo, pese al enorme incremento de los costes de producción o el alza de los tipos de interés.

«La zona de Juan de Borbón se ha convertido en una especie de refugio para el sector dentro del municipio de Murcia», confiesa José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región, en relación a esta última cuestión. Y es que únicamente las áreas como esta, con un alto nivel de demanda y precios, capaz de generar una rentabilidad comprobada –pese al encarecimiento de los materiales–, son ahora mismo lo suficientemente atractivas para los profesionales y empresarios de la construcción. Se une a ello, que, a juicio de Blázquez, no hay en estos momentos una bolsa suficiente de suelo urbanizado, «y estamos en fase de agotar el que nos queda, algo a lo que no deberíamos dar lugar».

Apunta así el presidente de los promotores que únicamente existen en el municipio un puñado de puntos en los que es posible desarrollar vivienda de una manera inmediata. «Poco más se puede encontrar más allá de esta zona norte de Santiago y Zaraíche y Churra, así como de Guadalupe, Cabezo de Torres, Montevida en La Alberca y de Santo Ángel», enumera Blázquez. También cita entre estas zonas de expansión lo que se ha venido a denominar la Nueva Flota, en Zarandona. «En esta área estamos teniendo, sin embargo, un problema que no es exclusivo de ella, pero que está ralentizando su desarrollo».

Se trata de la asunción de costes derivados de la ejecución del Plan Especial de Infraestructuras hidráulicas (PEI) de la zona norte, que impone importantes cargas económicas a los urbanizadores. «Ya que la Ley del Suelo permite acometer estos desarrollos por fases, estamos intentado que el Ayuntamiento nos permita acompasar también el pago de esas conexiones con los sistemas generales y colectores, evitando que los primeros en actuar adelanten el pago de los siguientes, como de hecho ocurre ahora», explica.

En definitiva, Blázquez considera que, más allá de los inmuebles destinados a los bolsillos con un poder adquisitivo medio-alto, ha llegado el momento de volver a construir nuevamente viviendas asequibles. «El Instituto Nacional de Estadística nos dice que en la Región se forman cada año 8.000 hogares, y apenas se están dando 3.000 visados de obra anuales; no es plan de volver a los 50.000 de 2006, pero claramente hay margen para aumentar estas cifras, generando una mayor oferta que se adapte a la demanda actual», valora el presidente de Apirm, destacando que los números hablan este año de un crecimiento de apenas el 5%.

Pasa esta circunstancia, entre otras cuestiones y a su juicio, por seguir sacando suelo en zonas que puedan ser atractivas para los potenciales compradores. «Es ineficiente que para poder poner suelo en el mercado necesites una media de diez años; este sistema es obsoleto y no se adapta a las necesidades ni circunstancias del momento», considera, destacando que las tensiones en el mercado de la compra-venta se trasladan también a las del alquiler. «Además, desarrollar un plan parcial empieza a convertirse en toda una aventura, ante la falta de seguridad jurídica y los cambios en las reglas del juego», concluye. Mientras, Juan de Borbón sigue agotando sus solares.

Como en el caso de la mayoría de las normas, no cuenta muchas veces la legislación urbanística ni sus herramientas con una interpretación unívoca. «Si bien los jueces tienen que acudir en ocasiones a la doctrina para aplicar la ley, los técnicos y funcionarios necesitan también una guía para aplicar la normativa», explica el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia ha constituido, por decreto del alcalde, José Ballesta, y a instancias del edil responsable una comisión técnica para el control e interpretación en esta materia, que deberá reunirse con una periodicidad trimestral. «En ocasiones nos encontramos con dudas respecto a la interpretación del Plan General que trataremos así de despejar; un ejemplo lo constituye la situación de los gimnasios en los polígonos industriales, que no son compatibles con lo dispuesto en el PGOU pero tampoco están prohibidos expresamente», concluye.