
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«No existe ninguna obligación legal de mantener actividades económicas que resulten ruinosas para sus titulares» y que en este caso podrían alcanzar pérdidas de ... hasta 100.000 euros al año. Con argumentos como este ha desestimado el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia las miles de alegaciones –muchas de ellas idénticas y realizadas por la misma mano– presentadas por numerosos ciudadanos y asociaciones frente al avance del procedimiento urbanístico impulsado para la ampliación de los usos del edificio del cine Rex.
Hoy se abre un nuevo periodo de un mes de exposición pública para este expediente administrativo tras la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Región (BORM) de la aprobación inicial del proyecto de modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (Pecham), que es el que posibilitará que el inmueble pueda ser destinado a actividades distintas a la de la exhibición cinematográfica.
Las conclusiones de este servicio municipal se apoyan, entre otros extremos, en los datos facilitados por la entidad promotora de dicha modificación, la mercantil Carceserna SL, empresa propietaria del inmueble y responsable de la explotación de la mayor parte de las salas de cine del municipio bajo la marca Neocine. Detalla Carceserna, en la memoria aportada para impulsar los cambios en la ficha de protección del edificio –que firma el despacho de Urbanistas Serrano y Asociados–, que la actividad económica que se venía desarrollando en este «ha dejado de ser rentable y por ello resulta inviable».
Defiende así que «se ha producido un cambio en los hábitos de los ciudadanos, que ahora acceden al cine a través de otros formatos o medios, como las plataformas 'online'», y apoya este argumento en las cifras de espectadores registradas por el cine Rex durante las últimas dos décadas y publicadas por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Según estas, la sala perdió entre los años 2001 y 2019 más de un 70% de sus espectadores anuales –de casi 170.000 a cerca de 47.000–, una cifra que se eleva hasta el 80% en las proyecciones que la empresa realiza para el caso de una posible reapertura.
«Tras la pandemia, el mercado actual se redujo en un 25%, de manera que pasaríamos de registrar una pérdidas de 75.000 euros al año en 2019 a otras estimadas de 100.000 euros aproximadamente», alega la sociedad propietaria, destacando que «su explotación solo es rentable por encima de los 75.000 espectadores». De esta manera, sus dueños proclaman que esta sala, la más antigua de la Región –ya que data de 1914–, no es que no sea «negocio suficiente», como se afirma en algunas alegaciones hablando «injustamente de una operación especulativa», sino que «no constituye negocio alguno».
Asimismo, sostienen desde Carceserna que, por un lado, «los cines Centrofama –que explota esta misma empresa– son más que suficientes para asumir la demanda de este tipo en el centro histórico de la ciudad». Por otro, consideran «pretencioso pretender que Murcia tenga dos filmotecas –la Francisco Rabal se encuentra a apenas 300 metros–, tal y como de las alegaciones ciudadanas presentadas y de las noticias filtradas parece desprenderse».
Rematan su argumentario defendiendo que la ampliación de usos propuesta para la sala de cine, con el fin de hacer «rentable» su explotación, «puede contribuir al mantenimiento de este elemento patrimonial catalogado, evitando así su deterioro o demolición futura», tal y como recoge el propio informe técnico del Servicio municipal de Planeamiento. Incluyen los usos planteados los de comercio local, oficinas, restauración, equipamiento privado deportivo, docente, sanitario y cultural y espectáculo y ocio, excluidos los de discoteca y sala de fiestas.
De hecho, indica Carceserna que su propuesta «evita la implantación de actividades que degraden el espacio urbano o perturben la convivencia vecinal», como pueden ser las vinculadas al ocio nocturno, y que generan «una preocupación real de los vecinos, como consta a la propiedad». «Atendiendo a la actual regulación sería cuestionable la negativa a conceder una licencia con tal finalidad; sin ir más lejos, en los bajos de la plaza de toros se desarrolla una actividad de discoteca», concluye la memoria. La tramitación del proceso y la efectiva modificación no culminará hasta que se produzca su aprobación definitiva.
No por mucho reclamarlo se va a conseguir que la Comunidad Autónoma otorgue la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) al edificio del cine Rex, al menos, por ahora. Ni siquiera considera que sea merecedor de la apertura del necesario expediente. Así lo ha comunicado en diversas ocasiones (pedidas por la Plataforma Cine Rex Vivo y Huermur) y así se mantiene. El último intento lo hizo Podemos, que presentó en la Asamblea Regional una moción en la que solicitaba la declaración del cine como BIC y que se garantizara su recuperación para la ciudad como sala cinematográfica. No, dijo el PP, y Vox se abstuvo, mientras que la formación morada y PSOE votaron a favor. El argumento utilizado para esta negativa popular fue el mismo que lleva esgrimiendo la Consejería de Cultura, y que reiteró a preguntas de LA VERDAD.
Según el departamento que dirige Carmen Conesa, el cine ya está protegido con la categoría de bien catalogado por su relevancia cultural, figura que recoge la Ley de Patrimonio Cultural de la Región. Esto «garantiza la conservación de las condiciones espaciales del Rex como inmueble, su volumen y aspecto exterior, descartándose para usos futuros los que supongan una alteración de la propia espacialidad de la sala».
Insiste en que el edificio «no cumple con los valores patrimoniales necesarios de originalidad histórica, excepcionalidad, monumentalidad ni singularidad sobresaliente dentro del ámbito regional que justifiquen iniciar su incoación -apertura de expediente- como BIC». Así lo determinó el Servicio de Patrimonio Histórico, ajustándose a la ley regional. La profunda reforma de 1991 para actualizar las instalaciones «alteró completamente su aspecto histórico original, por lo que no cuenta con la totalidad de los elementos que permiten considerar a un bien de interés cultural». Una decisión que mantienen tras acabar el 8 de febrero el periodo de alegaciones abierto tras esta negativa, y durante el cual la Plataforma organizó una recogida de firmas de apoyo al recurso que presentaron insistiendo en su solicitud.
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