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Si la convivencia entre seres humanos puede a veces ser difícil, la entrada de los animales de compañía en la ecuación puede complicar aún más las relaciones de vecindad. Sobre todo, si no se siguen unas reglas básicas que, por un lado, permitan garantizar la salud, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y, por otro, proteja a las propias mascotas de la irresponsabilidad de sus dueños. Esto es lo que intenta regular el proyecto de Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Convivencia Humana, aprobado ayer por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y que deberá recibir el visto bueno antes de entrar en vigor.
El texto busca, además, actualizar una normativa previa municipal que no ha sido modificada en unas dos décadas en las que sí ha cambiado la sensibilidad social respecto al tratamiento de estos pequeños seres, considerados ya como un miembro más de la familia. También lo ha hecho ya la regulación autonómica con la Ley 6/2017 de Protección y Defensa de Animales de Compañía de la Región de Murcia, y lo hará la estatal, por lo que se hacía imperativa una adaptación local.
Así, no es algo nuevo que la gestión que los propietarios de perros hacen de las deposiciones de sus mascotas es un foco de problemas de convivencia; tampoco lo es el hecho de que la normativa –lo hace la ordenanza vigente– sancione la falta de recogida de «excretas» y lo hace con una sanción mínima de 30 euros. Pero sí representa una novedad que se explicite como conducta sancionable en la norma la «no eliminación o limpieza inmediata de orines de la vía pública», pensando especialmente en fachadas y puertas de entrada de viviendas y comercios. De hecho, estas conductas, junto a la no recogida de excrementos, podrá ser objeto de multas de al menos 100 euros, ya que la horquilla de posibles sanciones aumenta de cuantía.
En consonancia con lo establecido por la ley autonómica, la sanción leve pasará de suponer de 30 a 300 euros de multa, a ser de 100 a 1.500 euros; la sanción grave será de 1.500 a 6.000 euros; y la muy grave de 6.000 a 30.000 euros. No obstante, el abono del importe de la misma antes de dictarse resolución en el expediente sancionador, supondrá una reducción del 40% de la sanción.
El proyecto de ordenanza también introduce en su articulado otras novedades como la autorización del acceso de animales de compañía a los transportes públicos, «siempre que reúnan las condiciones de seguridad e higiene oportunas y con la documentación que corresponda». Deberán acceder, «en un habitáculo adecuado a las condiciones etológicas de su especie o, en el caso de los perros, mediante el uso de correa y bozal», señala la norma, que también recoge la posibilidad de prohibir el acceso en las horas punta. Asimismo, se eximirá de las limitaciones existentes para el viaje en estos medios y la entrada en establecimientos públicos, además de a los perros de asistencia a personas con discapacidad, a aquellos utilizados en terapia para víctimas de violencia de género.
Otros aspectos que se incorporan al texto son la figura del acogimiento temporal por parte de los interesados, el fomento de las campañas de esterilización –de hecho las mascotas cedidas en adopción se entregarán tras privarlas de sus capacidades reproductoras–, el control de las colonias felinas –creando un registro para su gestión– y un plazo para la inscripción del microchip de la mascota. De hecho, los veterinarios deberán dar parte en un plazo de tres días al Registro de Animales de Compañía.
También se reduce de 15 a 3 días el plazo del propietario de un animal para proceder a su recogida del Centro de Protección Animal del Municipio (Ceproamur) tras el aviso. En caso contrario, se considerará abandonado y podrá ser dado en adopción. «Queremos subrayar la importancia de entender que los animales no son objetos», señaló la edil de Sanidad, Esther Nevado, y destacó que la norma ha contado con la participación de expertos y asociaciones y se encuentra abierta aún a alegaciones.
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