Incendio discotecas Murcia

Las discotecas de la tragedia no tenían licencia y sobre ellas pesaba una orden de cese de actividad

No parece muy comprensible que la realidad jurídica y administrativa, la que se refleja en los papeles, sea totalmente distinta a la que todo el mundo conoce en la calle, menos aún cuando esta divergencia da la cara a causa de una tragedia como la del incendio de Las Atalayas. Los expedientes administrativos promovidos por la Concejalía de Urbanismo decían que tanto la discoteca Teatre como Fonda Milagros carecían de licencia de funcionamiento, según explicaron ayer fuentes municipales. De hecho, en octubre de 2022 se ordenó hacer un requerimiento a dichos locales -al menos a Teatre, porque la Fonda no existía oficialmente- para que se llevara a cabo el inmediato cese de su actividad. Nunca más se supo.

Mientras, desde entonces y prácticamente durante un año, ambos establecimientos han continuado funcionando con una aparente normalidad. Era notorio, como se podía constatar en redes sociales, que Teatre celebraba fiestas periódicas; también que la Fonda mantenía un horario regular de apertura, pero no se tomó medida alguna para su cierre, más allá de la orden al Servicio de Inspección no ejecutada. «El problema es que no se produjeron denuncias posteriormente que nos informaran de esta situación, ni se notificó ninguna otra incidencia», comentaba el anterior concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, tras la rueda de prensa ofrecida en el Consistorio ayer.

Precisamente, Guerrero había comparecido instantes antes junto al actual responsable del departamento, el popular Antonio Navarro Corchón, para informar de la situación administrativa de ambos locales, intentando transmitir una imagen de unidad en relación a una situación irregular que se ha producido a caballo entre ambos mandatos. Aunque evitaron hacerlo de una manera explícita, los motivos argumentados por ambos en relación al incumplimiento en dicha orden dan la sensación de apuntar a una descarga de responsabilidad, -«si la hubiera y caiga quien caiga», remarcó Navarro Corchón- en los funcionarios municipales.

Lo cierto es que Teatre, el único local que existía oficialmente para la Administración local, funcionó más de una década con una licencia para discoteca y cocina concedida en diciembre de 2008, la cual se intentó emplear en 2019 para dar cobertura a la división del local en dos, dando lugar a la creación de Fonda Milagros, que es la situación en la que funcionaba dicha nave en el momento de la tragedia. No aceptaron los servicios municipales dicha solicitud, al entender que se producía una modificación sustancial de los términos en los que la licencia fue concedida, la cual exigía la tramitación de un nuevo expediente, y dictaron el 10 de enero de 2022 -con la firma del edil Guerrero- una orden de cese de actividad, que fue recurrida por la propiedad, Teatre S.L. Este recurso fue rechazado, según fuentes municipales, el 23 de febrero de 2022. Ante dicha respuesta, la empresa incluso presentó en marzo un proyecto de legalización que sigue sin resolverse a fecha de hoy.

Entre medias, en octubre de 2022, con una orden ya «firme» e independientemente del proceso de regularización, Guerrero requirió nuevamente, tras un expediente instruido por el Servicio de Actividades, que se ejecutará el cierre de ambos establecimientos, cuestión de la que se dio traslado al Servicio de Inspección. Incluso, confirma Navarro que «hay un acta de un inspector, en cumplimiento del requerimiento del anterior concejal», que no dio lugar al citado precinto, «y eso es lo que estamos indagando». Nadie lo ejecutó. «Puede que el inspector vaya a una hora y el local -que funciona los fines de semana y en horario nocturno y fuera de la jornada laboral habitual- esté cerrado», señalaba Guerrero. Deja esta circunstancia la sensación de que los protocolos municipales tampoco se corresponden con lo que demanda la realidad de la calle.

«Actuamos con transparencia, se va a abrir una investigación interna y se van a depurar responsabilidades cueste lo que cueste», insistía el actual edil de Urbanismo, añadiendo que el Consistorio se presentará como acusación particular en el proceso penal que se pueda abrir eventualmente, ante las responsabilidades que puedan derivarse. No quisieron ambos pronunciarse en relación a si la Fonda Milagros y Teatre cumplían las medidas de seguridad exigidas, ya que, según indican, «lo que procedía no era atender a estas comprobaciones sino acometer el cierre». Otra nueva disonancia entre realidad administrativa y mundana que, precisamente, es casi imposible de entender a pie de calle.

«Un hecho fundamental en el que creo que estamos todos de acuerdo es que aquí el único responsable es la empresa que, a pesar de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellas», incidía Guerrero. «Estas muertes nunca tendrían que haberse producido, porque esos locales no tendrían que haber estado abiertos; no vamos a descansar hasta que se haga justicia, por sus familiares y para que un drama así no vuelva a repetirse», valoraba en cambio ayer, en relación a esta cuestión, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín.

Precisamente, respecto a las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar de una supuesta culpa 'in vigilando', y que deberá determinar la Justicia, el conocido penalista Raúl Pardo valoraba ayer, a preguntas de LA VERDAD, que la infracción administrativa que supone operar sin licencia de actividad no debe marcar la determinación de la atribución de una posible responsabilidad penal, que vendrá marcada por la gravedad del incumplimiento de las medidas de seguridad. De esta manera que las posibles repercusiones para políticos y funcionarios municipales se enmarcarían, salvo circunstancias muy particulares, en el plano de la responsabilidad civil subsidiaria y, por tanto, de las indemnizaciones, que afrontaría prioritariamente la propia Administración. Incluso, a su juicio, la responsabilidad penal de los responsables de los locales no iría más allá de lo económico si no es particularmente palmaria.

Por su parte, la portavoz de la sala Teatre, María Dolores Abellán, alegó este martes que la sala recibió un acta favorable por parte de un funcionario de la Inspección de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia en marzo de 2023. En declaraciones a Europa Press, Abellán ha indicado que es «público y conocido» que el local contaba con la preceptiva licencia de funcionamiento, en contra de la información proporcionada por el Ayuntamiento.

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