La Policía investiga el destino de 9 millones adjudicados en obras menores para pedanías

A nueve millones de euros asciende la cuantía de las obras menores en pedanías que, entre los años 2009 y 2013, fueron adjudicadas desde la Concejalía de Descentralización que en esa época dirigía Cristóbal Herrero y que ahora están siendo investigadas, a instancias de un juzgado de Murcia, por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Con esta operación, adelantada ayer en exclusiva por 'La Verdad', se trata de esclarecer el funcionamiento de una presunta trama de corrupción, que habría servido para que un reducido grupo de empresarios copara cientos de contratos de mantenimiento en las 59 pedanías del municipio de Murcia.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía confirmó ayer los datos publicados por este periódico, que desveló la detención de diez supuestos integrantes de esta red delictiva -entre ellos, el citado Herrero- y la imputación de otros siete, incluidos un jefe de Servicio y un jefe de Negociado de la Concejalía de Descentralización. Todos ellos quedaron en libertad tras pasar por las dependencias policiales, a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que encabeza el magistrado Ángel Garrote.

Aunque las diligencias fueron archivadas provisionalmente en 2015, a la espera de que las investigaciones de la UDEF pudieran confirmar la existencia de indicios de delitos como la prevaricación continuada, la malversación de caudales y el tráfico de influencias, todo apunta a que el procedimiento será ahora reabierto. Así lo indicaron ayer fuentes de la Fiscalía Superior de la Región, que consideraron que hay razones más que suficientes para activar de nuevo estas actuaciones.

Los investigadores se centran en establecer si existió trato de favor hacia un pequeño grupo de empresas, principalmente Antonio Torralba Bernal SL, Construcciones Sodimur y Obras y Proyectos de Murcia, que llegaron a hacerse algunos años hasta con el 95% de todos los contratos correspondientes a la partida de Mantenimiento (Capítulo II), acometidas con cargo a la Concejalía que lideraba el edil del PP. Otra de las líneas policiales se basa en el aparente troceamiento de los trabajos, de forma que el coste no superara los 3.000 euros y pudiera escapar así de la obligación legal de sacar el contrato a concurso. Los agentes han hallado abundantes indicios de que esa práctica se habría practicado por varios de los investigados.

Las fuentes mencionadas confirmaron que la UDEF habría constatado la existencia de empresas interpuestas, que los integrantes de la trama habrían creado con el fin de desviar la atención sobre la gran cantidad de contratos que iban a parar a las mismas empresas.

Los especialistas de la Policía Nacional han tenido que analizar miles de expedientes de obras para elaborar los informes, el último de ellos entregado en el juzgado esta semana, con las conclusiones sobre el funcionamiento de la supuesta trama.

Cristóbal Herrero, que fue edil en varios gobiernos de Miguel Ángel Cámara, abandonó la militancia en el Partido Popular en noviembre de 2015, cinco meses después de dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Sin embargo, eso no supuso su retirada política. El exedil se aproximó entonces a Alberto Garre, que por esa época sentaba las bases de lo que sería el partido regionalista Somos Región. Al constituirse este oficialmente a principios de 2018, Herrero se incorporó a sus filas. Formó parte de la comisión de análisis, pero no fue incluido en ninguna lista electoral.

Fuentes de Somos Región aseguran que el pasado 2 de julio, un día antes de su detención por parte de la Policía y cuando en apariencia acababa de ser citado para presentarse en comisaría, Herrero solicitó formalmente su baja como militante de la formación que lideraba Garre, sin dar más explicaciones.

Las revelaciones ofrecidas ayer por 'La Verdad' provocaron la reacción de todas las formaciones políticas en el Consistorio, salvo el PP. Mientras Ciudadanos aseguró que «va a tomar medidas para evitar la mala praxis y los supuestos tratos de favor en la contratación de obras y servicios públicos», Podemos y PSOE lamentaron que la formación naranja siga apoyando al Partido Popular en el Ayuntamiento murciano.

«Hace tiempo que venimos advirtiendo de que los contratos a dedo son un foco de corrupción que estamos dispuestos a eliminar», aseguró el portavoz de Cs y concejal de Fomento, Mario Gómez.

El portavoz socialista, José Antonio Serrano, declaró que «es una vergüenza» que Murcia siga apareciendo en los periódicos por casos como este y manifestó que los gobiernos del PP hicieron de la Región «la zona cero de la corrupción». Ginés Ruiz Maciá, de Podemos-Equo, declaró que la forma de actuar del PP «dista mucho de ser una gestión limpia, transparente y legal y desvela esta manera de gobernar basada en el trato de favor y en el clientelismo».