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Casi tres lustros han pasado desde que la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) instara a la Comunidad Autónoma ... a proteger la red de riego tradicional de la Huerta de Murcia declarándola Bien de Interés Cultural (BIC). Esta aventura, que pudo parecer casi 'marciana' en aquel momento, se topó con el rechazo, primero, por parte de la Administración autonómica, y después con el de los propios tribunales, que dieron carpetazo al asunto en 2015 mediante sentencia. «No es un todo homogéneo y ha sido transformada a lo largo del tiempo; su extensión desmesurada haría imposible la gestión de este bien de interés y desvirtuaría la posibilidad de redactar un plan especial de conservación; y esta decisión podría producir un bloqueo de la infraestructura hidráulica», defendían en aquel momento los informes de los técnicos para rechazar aquella propuesta.
Pero decían en el musical 'Sonrisas y lágrimas' que «Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana», algo que a buen seguro debe haber pasado por la cabeza de los responsables de la entidad conservacionista al conocer que la Dirección general de Patrimonio Cultural acaba de incoar un nuevo procedimiento para declarar bien catalogado por su relevancia cultural -aunque no BIC, lo que supone un escalón por debajo de esta figura- un total de 39 acequias menores ubicadas en la zona Central y Oeste de la Huerta.
A buen seguro ha acabado de abrir el camino a la apertura de este expediente la protección brindada el pasado mes de diciembre, a instancias de la Asociación Huerta Viva, a las dos acequias mayores, la Aljufía y Alquibla o Barreras, en las cuales hunde sus raíces toda la red de riego tradicional.
«Nosotros siempre hemos entendido que no se pueden poner parches ni atender a elementos aislados; hay que conservar las acequias de Murcia como un todo que cuenta con valores culturales y medioambientales propios y unitarios», defiende la miembro de Huermur y experta en Urbanismo y Ordenación del Territorio Ángeles Moreno Micol, consciente de que en una década, y gracias al trabajo de las entidades conservacionistas, se ha producido un cambio de mentalidad en la sociedad murciana en relación a las cuestiones patrimoniales que ha dado lugar a una «cierta valentía» a la hora de adoptar decisiones como esta. De hecho, ha sido un exhaustivo estudio realizado por ella, que cuantifica la extensión de los cauces entubados en esta área de la Huerta, el que ha servido de base para solicitar la apertura del expediente a la que finalmente ha dado luz verde la Consejería de Cultura.
No obstante, este procedimiento llega condicionado, tanto en cuanto al fondo como a sus tiempos, por la judicialización a la que se encuentra sometida la catalogación de los cauces mayores, que ha sido recurrida por ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) por la Junta de Hacendados. Entiende esta Dirección General que la decisión que tome la Justicia «resultará determinante para resolver sobre la viabilidad de esta declaración». De esta manera, el plazo de 20 meses que fija la Ley de Patrimonio Cultural para resolver el procedimiento queda suspendido hasta la llegada del fallo.
Esta circunstancia genera discrepancias entre Huermur y la Junta de Hacendados respecto a la interpretación de los efectos prácticos que genera la resolución de esta Dirección General. Moreno Micol considera que la mera incoación extiende ya la protección sobre los cauces, de manera provisional, hasta que se concluya el expediente. De hecho, la resolución de apertura habla de la obligación de «los titulares de los bienes afectados de conservar, custodiar y proteger los mismos», por lo que, a juicio de Moreno Micol, «esto implica mantener los cauces en su estado original, sin posibilidad de entubarlos o modificarlos con técnicas que no sean las tradicionales. «Esto abre la puerta, además, a la necesidad de modificar diversos planes urbanísticos que amenazan a esta red», sostiene. En cambio, la comunidad de regantes subraya que no se figura ninguna medida preventiva concreta a aplicar, una posición que viene avalada por la propia Consejería. De hecho, esta última aclara a LA VERDAD que la ley no establece en este caso ninguna medida transitoria asociada a la incoación y que la protección concreta que deberá visar la Administración se fijará, en su caso, a resolución del expediente.
No obstante, el secretario general de la Junta de Hacendados señala que recurrirán la apertura del procedimiento por entender que esta es «nula de pleno derecho» , ya que no se les ha permitido formular alegaciones previas. Por otra parte, rechazan un «intervencionismo excesivo» que va a acabar por «cargarse la huerta real». «Si no podemos intervenir en las acequias para evitar las pérdidas de agua, como se hace en Orihuela o Valencia, si se lo ponemos cada vez más difícil al huertano, este va a acabar por abandonarla y dejar la producción; esto no es un parque temático», concluye.
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