Cuatro familias al borde del desahucio piden que se paralice el desalojo de sus casas en Murcia

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Cuatro familias de un bloque de pisos de la calle Lope de Vega de La Alberca, en Murcia, contienen la respiración mientras pasan los días. Saben que queda poco para que se ejecute la orden judicial de desahucio que pesa sobre sus hogares.

A pesar de que entraron a sus casas pagando un alquiler mensual de entre 250 y 300 euros, se sienten como si fueran okupas. Cumplieron todos los meses con las cuotas hasta que la empresa propietaria del bloque quebró y el edificio se lo quedó un fondo buitre en 2020. «Desapareció el número de cuenta en la que abonaban sus cuotas y como no sabían a quién debían pagar, dejaron de hacerlo. Incluso una vecina asegura que ingresaba el dinero, pero se lo devolvían», explicó este lunes el cura Joaquín Sánchez, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Durante un periodo de tiempo no se requirió el pago de los alquileres, ya que se inició un procedimiento judicial de desahucio. El fondo buitre denunció la ocupación de las casas y los vecinos perdieron el juicio. Hubo una orden de lanzamiento, que obligaba a desalojar las viviendas, por incumplimiento contractual, algo que sucederá en los próximos días.

«Creemos que el juzgado debe atender humanamente sus demandas a través de los recursos que hemos presentado y que la empresa les haga un contrato de alquiler, porque ellos quieren pagar por vivir en su hogar. No se trata solo de cemento, ladrillo y muebles. Su casa es el lugar en el que ellos tienen hecha su vida, con todo lo que eso conlleva, los colegios, los trabajos, los amigos y la familia», apuntó Sánchez.

El edificio es el mismo en el que el pasado mes de enero hubo un intento de desalojo por parte de una empresa de desokupas, cuyos trabajadores entraron a las casas reventando las puertas y sacando a los inquilinos a la fuerza. «Hubo agresiones, amenazas y robos», recordó el sacerdote.

Según confirmó Joaquín Sánchez a última hora de la tarde de este lunes, el juzgado notificó la paralización del desalojo de una de las viviendas, que estaba prevista para esta semana. No obstante, el mes que viene se ejecutarán el resto de señalamientos. «Esperamos que también se paralicen», manifestó el cura.

Marisa tiene 40 años y dos hijas de corta edad. Es una de las vecinas afectadas por el desalojo del edificio de la calle Lope de Vega de La Alberca. Asegura que aún mantiene la esperanza de recibir respuesta del juzgado a un escrito que hizo para suspender el lanzamiento que tiene de su casa, por la que comenzó pagando 250 euros de alquiler. «Al principio se pagaba, pero de repente desapareció la arrendadora. Aquí nadie venía, nadie se pronunciaba, fuimos a los bancos a preguntar y no sabían nada», afirma.

Pasaron los meses y aparecieron unos supuestos mediadores a reclamar los pagos, y posteriormente, a principios de este año, irrumpieron los trabajadores de la empresa desokupa, «rompiendo puertas y pegándonos». Afirma que tiene todos los recibos al día, que paga el agua y el servicio de Internet.

«La luz no puedo abonarla porque Iberdrola no nos deja ponernos un contador porque hay una deuda grande por luz de obra que la empresa que se ha quedado con el inmueble no se hace cargo». Marisa añade que ella quiere pagar un alquiler y quedarse en su casa, que es su hogar, porque tiene dos hijas pequeñas y no quiere sacarlas de su entorno. «Llevamos unas semanas sin vivir, con angustia por no saber donde vamos a estar mañana. A las niñas aún no les he dicho nada, pero sin nada cambia, llegará el momento en el que tenga que decirles que nos echan a la calle, que nos quitan nuestra casa, que es lo que quiere la empresa dueña del bloque».

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