El TSJ confirma la sanción de 126.442 euros a la UCAM por el derribo ilegal de El Corralazo

El recurso contencioso fue interpuesto por la universidad que preside José Luis Mendoza en 2016, después de que la Consejería de Cultura rechazara los intentos de que fueran revocadas la sanciones que se le habían impuesto por el derribo de El Corralazo. Este edificio protegido, en cuya fachada destacaba un escudo heráldico original, fue echado al suelo en 2011 durante los preparativos del terreno para ampliar el campus de la UCAM, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento entre el Monasterio de Los Jerónimos y la autovía A-7, que enlaza Murcia y Andalucía.

La universidad privada alegó que el inmueble se encontraba en ruina y que, además, cuando la Administración autorizó reducir la cota del terreno hasta en seis metros en la zona en la que se encontraba ese edificio, estaba permitiendo con ello, de forma implícita, su demolición y posterior reconstrucción.

Igualmente, aducía que las medidas que se habían adoptado contra la institución docente eran desproporcionadas, sobre todo por suponer la paralización de todo el proyecto de ampliación del campus, con el tremendo daño que ello generaba al condicionar el futuro de la universidad.

Tras analizar el expediente y valorar las alegaciones realizadas por los servicios jurídicos de Cultura, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJRM concluye afirmando que «la demolición se llevó a cabo por la Universidad sin autorización urbanística del Ayuntamiento y sin la previa y preceptiva autorización sectorial de la Dirección General de Bienes Culturales».

La UCAM, añade la sentencia, «no puede ampararse en el Plan Especial –de ampliación del campus– para llevar a cabo sin autorización ningún tipo de demolición de un edificio catalogado». Y añade que, si el derribo era necesario para acometer las obras, «debió ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento y la Comunidad».

El argumento de la UCAM de que «las administraciones competentes en materia urbanística y de protección cultural» debieron hacer «las inspecciones oportunas», resulta «inadmisible» para los integrantes de la Sala del TSJRM, pues considera injustificado ese intento de «responsabilidad de la comisión de la infracción, es decir, de su conducta infractora, a tales administraciones». Razón por la cual advierte de que «el único responsable de la infracción es quien ha demolido».

Respecto de la obligación impuesta de restituir a su estado anterior el edificio de El Corralazo, incluyendo el escudo heráldico, sostiene el tribunal que ninguna indefensión se ha causado a la universidad privada, pues ha podido alegar al respecto lo que ha estimado conveniente y ni siquiera ha acreditado que tal restitución sea imposible.

Además de imponerle las costas del proceso, el TSJ deja constancia de que esta resolución solo es recurrible ante el Supremo si se demuestra que el asunto tiene interés casacional.