Condenan a más de 35 años de cárcel al violador de la mota del río de Murcia

La Audiencia Provincial ha condenado a una pena que suma 35 años y 2 meses de prisión a Patricio M.C, de 29 años de edad, acusado de violar a varias mujeres en la mota del río Segura a su paso por Murcia, por dos agresiones sexuales consumadas y dos en grado de tentativa, además de cinco delitos de robo con violencia cometidos contra cinco mujeres en distintos episodios en 2022.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, el agresor, que circulaba en motocicleta, cometió cuatro asaltos a mujeres entre agosto y septiembre de ese año que paseaban o hacían deporte por la senda junto al río, atacando en el último de ellos a dos de ellas. A la primera le agredió tirándole del pelo, haciéndola caer al suelo y le robó la riñonera con algunas monedas, al tiempo que le exigía que le enseñara los pechos. A la segunda, le robó el teléfono móvil, la obligó a bajarse el vestido, le besó los pechos y le introdujo los dedos en la vagina. A la tercera, amenazándola con un cuchillo, la obligó a mostrarle un pecho; luego, tras apoderarse de su móvil, le tocó los genitales, antes de huir. Y, en el cuarto asalto, abordó a dos mujeres, a una de las cuales agarró por el cuello con un cuchillo, exigiendo que le mostrara los pechos gritando «¡Enséñame las tetas!», pero, tras un forcejeo, finalmente ambas huyeron.

El acusado deberá además indemnizar a las cinco perjudicadas con un total de 31.142 euros. En este punto, la sentencia destaca que «ha de entenderse que la sola ocurrencia de los hechos produjo un daño anímico a las víctimas y al normal desenvolvimiento de sus quehaceres diarios».

El tribunal rechaza la solicitud de nulidad de ciertas pruebas presentada por la defensa. Así respecto el reconocimiento fotográfico en sede policial que llevo a la detención del acusado, los magistrados señalan que es solo un medio de investigación y no una prueba en sí misma y que la identificación del acusado se ratificó de manera contundente en el juicio.

En cuanto a la declaración de las víctimas, la Sala, aplicando los criterios del Tribunal Supremo para evaluar la credibilidad de los testimonios en función de su coherencia, persistencia y ausencia de contradicciones esenciales, la considera una prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia.

La sentencia, una vez probado que el acusado utilizó armas o fuerza física para someter a sus víctimas, califica los hechos de agresiones sexuales. Y, para la individualización de la pena en cada caso concreto, tras distinguir entre los delitos consumados y en grado de tentativa, los magistrados analizan la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes como la violencia empleada (por ejemplo, arrojar a la víctima al suelo, usar un cuchillo o amenazarla), el lugar y la hora en que ocurrieron los hechos (de noche y en zonas poco transitadas) y el miedo y el sufrimiento causado a las víctimas. Además, tienen en cuenta que el delito de agresión sexual se comete junto con el robo con violencia. Independientemente de la circunstancia agravante de reincidencia que concurre en los delitos de robo, al haber sido condenado previamente en marzo de 2020.

Por último, las penas van acompañadas de la pena de libertad vigilada 10 años superior a la pena de prisión y la prohibición de aproximación a cada una de las víctimas una vez cumplidas aquellas. Además de la inhabilitación especial para profesiones u oficios con contacto con menores.

La resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

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