Condenan al Ayuntamiento de Murcia a pagar casi 400.000 euros por el sobrecoste de una obra cuyo pago no autorizó Gómez

El Ayuntamiento de Murcia deberá abonar a la empresa encargada de las obras de rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería 391.946 euros por unas facturas pendientes. Así lo decidió la titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Murcia, María Teresa Nortes, quien estimó la denuncia presentada por la TE Orthem Wenceslao, que reclama ese pago ante la justicia al no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento cuando reclamó el abono de la deuda.

El concejal de Contratación y Fomento, Mario Gómez, que asumió las competencias de ese área tras las elecciones municipales de mayo de 2019, ya advirtió en julio de ese año que había paralizado el abono de los sobrecostes de dos grandes obras que se estaban ejecutando en la ciudad de Murcia, los de la reforma exterior del Palacio de los Deportes y los de la rehabilitación de los pabellones 1 y 2 de Cuartel de Artillería, objeto de la sentencia judicial. «Serán fiscalizados convenientemente antes de proceder a la autorización del pago por parte del Servicio de Contabilidad», subrayó entonces, en una nota de prensa emitida desde el grupo municipal de Ciudadanos.

Y pese a que los informes de la dirección de la obra eran favorables al pago del sobrecoste en las actuaciones del Cuartel (mayo de 2020), el vicealcalde nunca dio la autorización, a tenor de la demanda de la empresa de diciembre de ese mismo año. Esta alegó en su denuncia que pedía el pago de esa cantidad por las diferencias entre las mediciones (actuó sobre más espacio del previsto) y los precios finales de la reforma. En todos los casos, la jueza sentencia que se deben abonar los intereses de demora.

Mario Gómez explicó a LA VERDAD que no tramitó la documentación para el pago de las facturas porque «era un procedimiento irregular y como tal no podía darlo por válido». Añadió que «desde Contratación propusimos (al PP, entonces sus socios de gobierno en el Ayuntamiento) regularizarlo y sentarnos a negociar con la empresa, pero no hubo forma». «Fueron las irregularidades en la ejecución de las obras y la inacción del gobierno popular lo que ocasionó un sobrecoste más intereses», apuntó, insistiendo en que no podía asumir «una culpa que no tengo».

No opina lo mismo su excompañero de gobierno, el popular Eduardo Martínez-Oliva, entonces edil de Hacienda. Apuntó que «con los informes favorables de los técnicos municipales Gómez debería haber emitido el informe favorable al pago, para lo que se suele utilizar el dinero que resulta de las bajas en la adjudicación».

Para el portavoz socialista, Enrique Lorca, la culpa está clara: El PP conocía desde 2019 el desajuste en el contrato «y podía haberse solucionado con un incremento de hasta un 10% del mismo, como permite la ley; no se hizo y ahora nos toca pagar».

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