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«Cuando yo empecé en esto hace unas décadas, alquilar un piso nos llevaba entre tres o cuatro meses; ahora le das salida en tres ... o cuatro horas». Así comenzaba a explicar el portavoz de el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región, Jerónimo Jover, la auténtica batalla en la que se ha convertido el alquiler de un piso en la ciudad de Murcia, especialmente para aquellos que no tienen un trabajo fijo -prácticamente a nivel de funcionario- o una generosa nómina que poner sobre la mesa.
Las cuentas son claras: la demanda supera actualmente, y por mucho, a la oferta, y eso hace que se pueda encontrar a decenas y decenas de aspirantes para cada anuncio al poco tiempo de su publicación, según expone Jover. «Cuando tienes esa capacidad de elegir, obviamente optas por la seguridad», señala el agente inmobiliario. La ansiedad que genera esta situación a aquellos que necesitan un techo bajo el que cobijarse les lleva, incluso, a pagar la señal sin ver la vivienda.
«En nuestro caso, alguna inmobiliaria nos avisó de que estábamos compitiendo con médicos y enfermeros y que estos nos tomaban delantera», confiesa Carlos Martínez, que acaba de alquilar con su novia un piso en la zona de Príncipe de Asturias sin visita previa. «Después de una decena de intentos frustrados decidimos jugárnosla a la desesperada», explica Carlos, que se ha mudado a la capital de la Región desde Archena por cuestiones laborales. «Parece que los que trabajamos en la hostelería o en un supermercado no tenemos derecho a alquilar; no recuerdo ni a cuántos números llamé», confiesa aliviado por haber acabado con este proceso.
En su caso, la renta mensual se ha quedado en 550 euros, una cantidad que 'a priori' puede parecer excesiva en el caso de una vivienda de apenas 45 metros cuadrados y con un solo dormitorio, pero que se puede ver casi como una ganga a la vista de los precios que se gastan actualmente en esa zona. «Un piso de esas características en la zona de Juan de Borbón y Juan Carlos I ronda ahora mismo los 650 euros mensuales», explica Antonio Jesús Gómez, de la inmobiliaria OPAU. «Y si buscas uno de tres habitaciones, los habituales para una familia, te piden prácticamente 900 euros mensuales», apostilla. Los precios pueden ser algo más asequibles en pedanías grandes como Cabezo de Torres, donde «un inmueble para una pareja se puede quedar en 450 euros y un tres dormitorios baja a unos 600», subraya Ángel Sánchez, de la inmobiliaria Todo Fincas.
«La tendencia en los precios va claramente al alza y yo no le veo ritmo de parar», valora Sánchez. Ambos coinciden en que los precios se pueden haber encarecido en Murcia en el último año para los nuevos contratos en torno a un 10%. Tanto a su juicio como al de Jover, no ha tenido incidencia solo en esta cuestión el manifiesto desajuste entre oferta y demanda, sino que también ha hecho su aportación la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo.
Fijaba esta nueva norma que los honorarios a la inmobiliaria deben ser abonados exclusivamente por el propietario, frente a la práctica habitual de cobrar cantidades también por este concepto al arrendatario. Esta circunstancia ha hecho que, señalan estos profesionales, el arrendador esté repercutiendo estas cantidades en la renta.
Jover añade, además, que desde el Colegio se está detectando un fenómeno que puede ser hasta cierto punto preocupante, ya que contribuye a complicar, a su juicio, el derecho a la vivienda de las capas más vulnerables de la sociedad o con menor nivel de renta. Indica así que cada vez más propietarios, conforme resuelven los contratos que tenían vigentes, están optando por poner su piso a la venta o por cambiar el perfil de su inquilino, de manera que piden que su inmueble pase de alquilarse bajo el régimen de vivienda habitual al de alojamiento temporal, que es menos garantista para el arrendatario.
De esta manera, quien alquila, que en ocasiones se mueve por meros temores, evita la regulación más garantista que la nueva norma impone fundamentalmente a los grandes tenedores y que pone trabas a los desalojos en situaciones de vulnerabilidad, impone prórrogas contractuales extraordinarias y que topa la subida de rentas mediante un índice en las zonas calificadas como tensionadas. «Ya se pregunta casi más si el inquilino tiene hijos que si tiene perro», asegura.
Dentro de este régimen temporal entran los trabajadores que se desplazan para desempeñar una tarea durante un periodo determinado y los pisos de estudiantes. Suelen cerrarse precisamente estos últimos durante el verano, lo que contribuye a que sea este un periodo de gran movimiento en el mercado del alquiler, junto con el hecho de que muchos ciudadanos utilicen sus vacaciones para emprender una mudanza.
«Al final sabes que un estudiante viene para unos 10 meses y que después se te va a marchar sin problemas; además normalmente te alquilan avalados por sus padres, por lo que no hay dudas de que vayan a pagar mensualmente», explica Ángel Sánchez. «Esto puede hacer que el precio de los pisos para estos inquilinos vaya bajando progresivamente, mientras sube para las familias», defiende Jover. «Si alguien no quiere salir es difícil echarlo, sea habitual o temporal», zanja por su parte Gómez.
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