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Una provisionalidad que se prolongó durante trece años. Ese es el contexto en el que funcionaron los antiguos barracones de la guardería del murciano ... barrio de La Paz. Fue en 2020 cuando dejaron de utilizarse estas instalaciones prefabricadas, una vez que el nuevo edificio del centro educativo se encontró por fin listo. Se borraba así una de las cicatrices que había dejado en Murcia la llamada crisis del ladrillo, como consecuencia del derribo de esta escuela infantil, que propició el fracasado plan urbanístico que se gestó de la mano del constructor José López Rejas en época del alcalde popular Miguel Ángel Cámara.
La puesta en marcha del nuevo centro municipal, construido en la avenida Juana Jugán –ya en territorio de la pedanía de Puente Tocinos– supuso el abandono de estas aulas de metal y madera, ubicadas justo al lado y que quedaron entonces cerradas y sin uso. La llegada de la pandemia hizo el resto, generando una situación de abandono que ha acabado por dejarlas totalmente inutilizables. Ante esta situación y para evitar cualquier tipo de problema, el Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trámites para acometer su derribo.
Previamente, en marzo del año pasado, el anterior gobierno municipal, de PSOE y Cs, había aprobado la adscripción del inmueble, ubicado en una parcela de uso docente, a la Concejalía de Bienestar Social. Se buscaba con este movimiento poner las instalaciones al servicio de asociaciones sin ánimo de lucro que desempeñen actividades en este área u otras relacionadas con las políticas de familia y salud. Sin embargo, la actual concejala de Servicios Sociales, la popular Pilar Torres, solicitó un informe al Servicio municipal de Patrimonio sobre el estado de las instalaciones prefabricadas para constatar el estado de estas y su posible rehabilitación para los usos indicados.
Basta con acceder a su interior, a través de los agujeros en su vallado perimetral, para comprobar de primera mano y pese a la apariencia externa, el estado real de las instalaciones. La estampa muestra paneles de madera del suelo levantados y placas de material aislante del techo arrancadas. Incluso es posible toparse con lechos improvisados con cojines y sábanas que apuntan a que estas antiguas aulas están siendo posiblemente utilizadas para dormir por personas sin hogar.
El informe del arquitecto del Servicio de Patrimonio pone negro sobre blanco esta situación de abandono irresoluble al señalar que, «claramente, el coste de reparación del inmueble es superior al 50% del valor del mismo, por lo que procede a la declaración de ruina –económica en este caso– del mismo». Se trata de la misma situación técnica en la que se encuentra, por ejemplo, el edificio del antiguo casino de Torreagüera, con la diferencia de que en este caso se trata de «casetones provisionales» que tenían una naturaleza temporal y, por tanto, la retirada en su horizonte.
Dadas las recomendaciones de los técnicos municipales, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado 24 de febrero la citada declaración de ruina como primer paso para acometer su demolición. A tal fin, se ha solicitado a la Oficina Municipal de Obras y Proyectos la elaboración del correspondiente proyecto de derribo. Apuntan fuentes del Consistorio que, una vez que la parcela quede libre, esta «se podrá destinar a los usos que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».
Así, su cédula establece que su uso será docente de acuerdo con las necesidades del Ayuntamiento, por lo que habrá que estar a estas en un primer momento. No obstante, en el caso de que las necesidades educativas de esta zona estuvieran cubiertas y según la Ley Regional de Ordenación Territorial y Urbanística, al tratarse de un equipamiento público, podría destinarse a otros usos como deportivos, sociales o culturales, aunque no hay nada decidido aún.
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