La acusación particular de familiares de dos fallecidos en el incendio de Atalayas pide una pieza separada para investigar al Ayuntamiento de Murcia

Para el letrado, resulta incierta la justificación dada por el Ayuntamiento de que no se ejecutó la orden de precinto y cierre porque las deficiencias detectadas no eran sustanciales, que iban referidas al título habilitante y no afectaban a la seguridad y salud de las personas. «Muy al contrario, el informe aportado constata la necesidad de realización de una serie de obras y medidas que afectaban necesariamente a la seguridad, por lo que entendemos que sí que había causas sustanciales que obligaban a la ejecución de la orden de precinto y cierre dictada». En concreto, detalla el escrito, se indica en el capítulo obras pendientes de realizar en el panel de cerramiento que crea dos espacios independientes; las puertas de emergencia; la ejecución de un nuevo escenario; el cambio de ubicación del grupo electrógeno; el bombeo contra incendios, y el depósito de aguas. «Se trata de cuestiones sustanciales en materia de incendios que están íntimamente relacionadas con la seguridad del local».

Además, José Manuel Muñoz pone en conocimiento del juzgado el hecho «acreditado» de que el local funcionaba sin suministro de electricidad, pues se alimentaba como elemento principal de un generador de diésel, cuando tales elementos se utilizan como elementos de socorro para cubrir situaciones de emergencia. «Es inadmisible que un local de las características de Teatre y la Fonda Milagros funcionasen con un generador de diésel y que el Ayuntamiento lo permitiese».

Tales argumentos, prosigue el escrito del abogado, ponen de manifiesto la necesidad de investigar la responsabilidad del Ayuntamiento. «Su responsabilidad ya no deriva de meras conjeturas y generalidades teóricas, sino de documentación de inspecciones e informes, incluidas dentro del proyecto de legalización, que ponen de manifiesto las graves irregularidades en las que incurrían las discotecas Teatre y Fonda Milagros y que justificaban la ejecución de la orden de precinto y cierre dictada por el concejal Andrés Guerrero Martínez y que injustificadamente no se llevó a cabo. Se trata de indicios relevantes, razonables y suficientes que acreditan que había riesgo contra la seguridad de las personas y que justifican que se proceda a la apertura pieza separada de investigación», concluye.