Los concejales no podrán aceptar regalos que superen los 150 euros

Los miembros de la Corporación municipal deberán desempeñar sus responsabilidades públicas atendiendo a unos principios de buen gobierno y a un código ético. La Ordenanza Municipal de la Transparencia, cuyo texto fue ayer consensuado por los grupos políticos, tratará de evitar conflictos de intereses, de modo que los 29 concejales no podrán aceptar, ni recibir o solicitar, directamente o a través de terceros, «regalos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas». En ningún caso, según la ordenanza, sobrepasarán la cuantía de 150 euros. En un intento por combatir cualquier sospecha de corrupción, esta normativa obligará a los ediles a abstenerse de conceder ventaja a ellos mismos, o a otra persona o grupo de personas, para obtener un beneficio personal, directo o indirecto. Tampoco podrán participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, directo o indirecto. Y no podrán influir en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa, y menos aún en el caso de que comporte un privilegio en beneficio propio o de su entorno, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del interés general. También deberán rechazar cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de personas físicas, o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.

Los representantes locales, así como los directivos de empresas públicas, estarán obligados a formular declaraciones sobre posibles incompatibilidades, o de cualquier otra actividad que les reporte ingresos económicos, con motivo de su toma de posesión y con ocasión de su cese y al final de su mandato. También deberán presentar declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo. A todos los miembros de la Corporación se exigirá lealtad institucional, trabajar por el bien común y contra la discriminación; respetar la voluntad de la ciudadanía, potenciar la participación y la cooperación en la toma de decisiones políticas, y responder con diligencia a las solicitudes de información que se reciban.

La ordenanza incluye 80 medidas para fomentar la transparencia, el acceso a la información y normas de buen gobierno y en su redacción se ha tenido en cuenta el marco normativo ya existente al respecto, como leyes nacionales y regionales, así como reglamentos orgánicos, y también ciertas particularidades propias del municipio de Murcia.

El texto se someterá a un amplio debate ciudadano, con un doble proceso de participación antes de su aprobación definitiva por el Pleno. Para ello se necesitarán varios meses, «pero llegar hasta aquí no ha sido fácil», según reconoce el concejal de Modernización de la Administración, José Guillén, tras un año de conversaciones: «El PP garantiza que todo aquel que quiera contribuir a mejorar el texto podrá hacerlo». Una vez obtuvo el visto bueno de la Junta de Portavoces, con representantes del PP, PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos, la ordenanza se discutirá en el seno de la Comisión de Transparencia y Participación, donde se contará con el criterio del Consejo de la Transparencia de la Región, de los colegios oficiales interesados, de las universidades, y colectivos y asociaciones.

El borrador de la ordenanza también se presentará al Consejo Social, el máximo órgano de participación ciudadana que tiene el Ayuntamiento, y se realizarán jornadas de presentación a los presidentes de las juntas municipales de barrios y pedanías para su conocimiento y aportaciones, y se impartirán cursos de formación entre el funcionariado.

Cuestionarios y alegaciones

El Gobierno local anunció ayer que se publicará en la web municipal, donde aparecerá un resumen en 'power point' para conocer de forma sencilla las ventajas y derechos que supondrá su puesta en marcha, y se abrirá un buzón para aportaciones en la web www.murcia.es. De igual modo, se incorporará un cuestionario de participación en la aplicación 'TuMurcia'. Una vez recogidas todas las sugerencias, se analizarán en la comisión y se incluirán las que se consideren oportunas.

Posteriormente se tramitará su aprobación inicial, aprobándose en Junta de Gobierno, y posteriormente por el Pleno. A partir de este momento se abrirá un segundo proceso de participación, con una exposición pública por 30 días, en los que se podrán presentar alegaciones. Un informe técnico indicará cuáles son objeto de aceptación o de rechazo, remitiéndose a la Comisión de Pleno correspondiente para su análisis.

El concejal Guillén está convencido de que es una de las ordenanzas más avanzadas de España. En un plazo de dos años será revisada y analizada para evaluar su cumplimiento.